A raíz de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional ante la emergencia sanitaria originada por la propagación del COVID-19, los colegios públicos y privados del país suspendieron sus actividades dejando a muchas niñas, niños y adolescentes sin el entorno protector que les permitía acceder a una alimentación adecuada.

Durante los más de 100 días de confinamiento que lleva el país, la industria de productos ultraprocesados ha venido entregando donaciones, especialmente a las poblaciones vulnerables, que en algunos casos no promueven una alimentación saludable y que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, incrementando las posibilidades de que el cuadro clínico de personas infectadas con COVID-19 evolucione a síntomas más severos.

Estas donaciones van en contravía de los lineamientos y recomendaciones emitidos por el Ministerio de la Salud, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que establecen que el Estado no debe propiciar la entrega de productos comestibles ultraprocesados con exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas.

Para lograr la protección del derecho a la alimentación saludable de niñas, niños y adolescentes, Red PaPaz envió una comunicación al Procurador General de la Nación y al Defensor del Pueblo solicitando su intervención para que se cumplan estos lineamientos. También, envió una carta al presidente Iván Duque y al Ministerio de Salud con recomendaciones al documento de lineamientos provisionales para la donación de alimentos y bebidas para consumo humano en el contexto de la pandemia por COVID-19 emitidos por la cartera de salud manifestándole su preocupación por ciertas entregas de productos que pueden empeorar las condiciones de salud de la población vulnerable y contribuir con los altos índices de obesidad y sobrepeso con los que ya cuenta el país.

En el documento, hace un llamado a la necesidad de contar con una norma más clara sobre las donaciones de alimentos, especificando que deben ser exclusivamente aquellos que favorezcan la salud de la población, especialmente la de niñas, niños y adolescentes.

Para Carolina Piñeros, Directora Ejecutiva de Red PaPaz, “es lamentable que las grandes industrias de productos ultraprocesados estén aprovechando la pandemia para posicionar sus marcas, pero más grave aún que el Estado no ponga un límite y no exija privilegiar que las familias vulnerables, especialmente cuand hay madres gestantes y lactantes, para que reciban alimentos nutritivos suficientes”. 

En este sentido, se recomienda que en lugar de “limitar” la entrega de estos productos no saludables, los lineamientos consideren “evitar” su entrega con el propósito de proteger la salud y los hábitos alimenticios de la población, en particular de niñas, niños y adolescentes. Así mismo, hace un llamado al Estado colombiano sobre la necesidad de que el país cuente con un etiquetado frontal de advertencia que indique de manera rápida y clara cuándo un producto contiene exceso de algún nutriente crítico, lo cual no solo desestimularía su consumo de estos productos sino que se evitaría la entrega de estos productos en esta coyuntura.

De otra parte, hicieron un nuevo llamado a proteger a niñas, niños y adolescentes ante prácticas comerciales que pueden desestimular la lactancia materna, que buscan entregar productos sucedáneos de la leche materna a poblaciones vulnerables lo cual no sólo afecta la alimentación sino incumple con la normatividad adoptada por Colombia que prohíbe la publicidad de estos productos al público en general, así como la entrega de muestras a madres, familiares y agentes de salud. También propugna por la entrega de alimentos saludables e inocuos a las madres gestantes y lactantes.

Finalmente, Red PaPaz pide que además de los lineamientos, se adopten normas que obliguen a las entidades estatales a cumplir estos parámetros.

Esta acción se suma a las peticiones que han enviado a gobernaciones y alcaldías del país, con el fin de conocer si recibieron productos comestibles ultraprocesados y que han permitido establecer que algunas entidades territoriales recibieron, entregaron o facilitaron productos comestibles ultraprocesados a la población más vulnerable de sus territorios.