Familiares y activistas de derechos humanos reclamaron a Colombia un plan integral y participativo de búsqueda de víctimas de desaparición forzada en esa nación.

La solicitud fue hecha por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas) en la tercera jornada de las audiencias públicas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Santo Domingo.

Se trataron específicamente casos de personas desaparecidas por sus defensa del medio ambiente en el contexto de proyectos hidroeléctricos en departamentos como el de Antioquia.

Los representantes de la sociedad civil colombiana afirmaron que la Fiscalía General no cuenta con una estrategia para la investigación de casos de desaparición forzada.

Luz Mery Velasquez, esposa de Julian Emilio Cataño, un ingeniero civil víctima de desaparición forzada el 24 de abril de 2001, señaló ante la CIDH que Antioquia es uno de los territorios colombianos con mayor número de víctimas de estos delitos.

El registro único de víctimas, dijo, que de las 47.080 víctimas directas de desaparición en Colombia 11.153 son de ese departamento.

“Pese a que la Fiscalía General de la nación informa que existen planes de búsqueda, la verdad es que no hay una estrategia local para esclarecer el paradero de nuestros desaparecidos”, afirmó.

Aunque se han realizado 9.000 exhumaciones de restos humanos de personas dadas por desaparecidas, hasta el año anterior, las víctimas plenamente identificadas y entregadas a sus familiares en Antioquia fueron 611, de acuerdo con Velasquez.

“Los ríos siguen siendo grandes fosas en Colombia, y las autoridades dan por un hecho que no se puede hacer nada”, apuntó.

Por su lado, Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos Antioquia, denunció que dos miembros del movimiento han sido asesinados en los últimos seis días, y pidió justicia en estos casos.

“La Fiscalía no nos escucha. Dicen que tenemos que dar los sitios exactos donde hay cuerpos, pero no nos garantizan seguridad. Esta semana asesinaron a dos compañeros, tenemos más de 150 amenazas”, aseguró en su intervención en la audiencia.

Por su lado, la representación del Estado colombiano dijo ser consciente de la gravedad de un delito como la desaparición forzada y afirmó que desde el Estado se han adoptado medidas para que cualquier proyecto que se adelante para el desarrollo del país sea respetuoso de los DD.HH.

Representantes de la Fiscalía informaron, además, de planes de trabajo en los municipios afectados en el contexto de los proyectos hidroeléctricos.