La Corte Suprema de Justicia rebajó un año la pena de prisión a la exsubdirectora del DAS, Martha Inés Leal, por su responsabilidad en el escándalo de las ‘chuzadas’, dejándola en siete años y nueve meses de cárcel.

Leal fue condenada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2014 por los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores y receptores y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, por las ‘chuzadas’ y seguimientos ilegales realizadas a opositores, magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos.

La reducción de la pena se debe a que la Corte cesó el procedimiento en su contra por el delito de abuso de autoridad que la Fiscalía le había endilgado por actos irregulares cometidos antes de 2005 cuando esa irregularidad se podía investigar de manera oficiosa.

No obstante, la Corte precisó que la Fiscalía solo supo de estos hechos el 22 de febrero de 2009, cuando la Revista Semana hizo la denuncia, cuando ya se había modificado en el Congreso el delito, exigiendo querella para poder iniciar las investigaciones.

Y dicha querella no se presentó nunca, dice la Corte. “Considera la Corte que se dio curso a una investigación por el mencionado delito sin contar con la procesabilidad exigida por el legislador, de manera que se imponía proferir resolución inhibitoria por dicho comportamiento, toda vez que la acción penal no podía iniciarse.

Lo mismo sucedió con el delito de violación ilícita de comunicaciones, que a pesar de necesitar una querella, fue investigado sin denuncia alguna, por lo que se anuló todo lo que la Fiscalía hizo y la pena impuesta.

En todo caso, la Corte reiteró los argumentos del Tribunal sobre la responsabilidad de Leal y desestimo los argumentos de su defensa que decían que ella estaba cumpliendo órdenes de sus superiores.

“El proceder doloso de Leal no fue deducido por saber de la existencia del G3 sino porque decididamente hizo parte de tal organización a sabiendas de la ilegalidad de las actuaciones que adelantaba, consistentes en interferir en la intimidad de ciertas personas sin contar con las respectivas órdenes judiciales”, dice la sentencia.

Es más, la Corte enfatiza en que Leal tenía formación universitaria en Relaciones Internacionales y vasta experiencia en el servicio de Inteligencia. “Es claro que contaba con cabal comprensión de lo ilegal en su actuar al ser integrante del G-3”, agrega la Corte.

“En las carpetas AZ aparecen comunicaciones que dan cuenta de las interceptaciones telefónicas ilegales y un memorando del 8 de septiembre de 2004 firmado por Leal, dirigido a Fernando Ovalle, en el cual ordena trasladar la información al G3 respecto de tres personas relacionadas con el caso TransMilenio, hecho que también fue corroborado por el señor Ovalle, en sus exposiciones”, insistió la Corte.

El fallo también extiende la reducción de la pena a la subdirectora de Contrainteligencia y Directora General Operativa del DAS, Jackeline Sandoval Salazar; al subdirector de Operaciones, Hugo Daney Ortiz; y a Jorge Armando Rubiano, Coordinador del Grupo de Desarrollo Tecnológico de la Subdirección de Contrainteligencia, quienes fueron condenados al tiempo con Leal, todos del grupo G3 desde donde se hicieron las ‘chuzadas’.

En el caso de Hugo Daney Ortiz, la Corte destacó que este envió información sobre Wilson Borja y aplaudió información obtenida de Alirio Uribe Muñoz, a partir de sus correos electrónicos, contactos con su empleada; así como de Carlos Lozano Guillén, entre otros.