La carta con la que la Procuraduría le pide a la Policía que suspenda el uso de la escopeta calibre 12 que el pasado 23 de noviembre un integrante del Esmad accionó y que, a la postre, le ocasionó la muerte a Dilan Cruz, deja al descubierto las falencias que en materia de capacitación tiene la institución para el manejo de este armamento.

El Ministerio Público descubrió que la Policía imparte en sus unidades un seminario al que denominan ‘Empleo de municiones, elementos, dispositivos y armas menos letales’. Los documentos que consiguieron los procuradores que adelantaron las pesquisas dan cuenta que esa instrucción tiene una intensidad horaria de 41 horas.

De esa cantidad de horas, se destinan 13 para que el uniformado adquiera “agilidad y destreza en la utilización de armas menos letales”. Los que pasen este módulo obtienen un certificado que los acredita como operador de este tipo de armas por un periodo de dos años.

Sin embargo, esta capacitación no se hace solo para la escopeta calibre 12, sino para toda clase de armas menos letales. En el caso puntual de esta arma solo se usa en entrenamiento cuando existe disponibilidad de munición la cual, debido a su alto costo, tiene un déficit en la institución.

El Ministerio Público estableció en su informe que tal es esa carencia de proyectiles “que en muchas ocasiones para el desarrollo de un seminario solo proporcionan 100 cartuchos para capacitar 1.000 hombres”. A lo largo de las pesquisas realizadas por el ente de control escucharon versiones que el objetivo de la citada práctica lo que se busca es que el uniformado adquiera lo que en el interior de la institución llaman “memoria muscular” a la que definen como la capacidad cerebral para ayudarse a repetir movimientos con mayor facilidad cuando ya se han realizado de tiempo atrás. En otras palabras, recordar patrones de movimiento a costa de haberlos repetido.

Pero la Procuraduría fue enfática en señalar que “resulta imposible que un miembro del Esmad adquiera tal destreza en el uso de la escopeta calibre 12 cargada con un cartucho de impacto dirigido en cualquiera de las capacitaciones existentes en tan limitados espacios de tiempo y menos si se tiene en cuenta que dichos ejercicios no se limitan al uso exclusivo de esa arma”. Los delegados que asumieron el caso también tuvieron conocimiento que los blancos que se usaron en las instrucciones eran objetivos fijos tales como postes, tarros o marcas, es decir, que no eran objetos en movimiento. A consideración de la comisión que hizo las investigaciones esto conlleva una inconveniente para el uniformado.

“Esta situación dificulta a cualquier policial alcanzar esas ‘habilidades y destrezas’ o aquella ‘agilidad’ de la que habla el contenido del curso (…) menos aún adquirir esa memoria muscular, al menos respecto de una escopeta de uso reciente en el Esmad”, dice uno de los apartes de la misiva dirigida al general Óscar Atehortúa, director de la Policía.

La Procuraduría consignó en su informe, que de acuerdo a testigos consultados, era la primera vez que la escopeta calibre 12 se usaba en Bogotá y “que su operación no atiende jerarquías”. A partir de esto es que el ente de control reparó en que “ninguno de los instructores que acudió al despacho fue dotada de ella para operarla en esas oportunidades”.

Y concluye que la mentada arma, con su munición, “la adquiere el policial cuando se enfrenta a la realidad del caso en el que participa, es decir con ciudadanos”.

Esto va en contravía con lo dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, días después de la muerte del joven, en el sentido de que la Policía tenía un protocolo para el manejo de este armamento en manifestaciones. El miércoles, Trujillo aseguró que el tema lo están analizando y pidió tiempo para dar a conocer la decisión ante la petición de la Procuraduría.