Hay incumplimiento a la ley de víctimas y restitución de tierras, esta es la conclusión del sexto informe de monitoreo a la ley realizado por la Procuraduría, la Defensoría y la Contraloría, el cual será entregado e al Congreso de la República.

Los seis informes de monitoreo identificaron retrasos importantes en su implementación, al igual que desprotección y falta de autoridad en los territorios.

Se concluyó que las recomendaciones de las Mesas de Víctimas no son tenidas en cuenta; no hay seguridad en algunos territorios para la restitución de tierras, el 65% de las solicitudes de restitución -121 mil peticiones- han sido rechazadas, el 15% están nuevamente en estudio.

Según el informe, no hay control del Estado en los territorios que dejaron las Farc; Catastro no tiene información real sobre los territorios; continúa el despojo y usurpación indebida de tierras; la deforestación genera proliferación de cultivos ilícitos.

A esas conclusiones se suma que las fumigaciones para combatir cultivos ilícitos generan devastación ambiental, “siempre aparece todo el cúmulo de las actividades ilícitas que ha impedido acceso de las victimas al tema de restitución” indica el documento.

El procurador Fernando Carrillo, dijo que los niveles de cumplimiento a la ley no llegan ni al 13%, principalmente por falta de presupuesto al cumplimiento sobre la protección a las víctimas.

“Queda claro que la demanda en atención ha rebasado la capacidad del Estado. No hay política pública de víctimas”, dijo Carrillo.

El contralor Carlos Felipe Córdoba por su parte,  propuso sanciones a los mandatarios que no tengan en cuenta a las víctimas en sus Planes de Desarrollo.

“Mandatario local que no esté enterando sobre el número de víctimas qué hay en su territorio deberá ser sancionado. No podemos seguir con falencias del siglo 19 en donde ni siquiera las bases de datos coinciden” , señaló el Contralor.

Orlando Burgos, Representante mesa nacional de participación de víctimas en Santander dijo que los Planes de Desarrollo no los tienen en cuenta, según él,  no existiría una política de diferenciación de derechos para los grupos étnicos y otros.

“Temas como vivienda, generación de ingresos y empleabilidad,  serían los temas fundamentales. Nosotros hemos tratado de llamar la atención porque es ahí donde está la  inversión para que los víctimas podemos mejorar nuestra calidad de vida”, dijo.