Jesús Santrich se convirtió en un hombre que será recordado en Colombia no solo por su actuar delictivo cuando fue miembro de las extinta guerrilla de las Farc, sino por la novela judicial que vivió esta semana, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), decidió otorgarle el derecho de no extradición y dejarlo en libertad, después de 13 meses recluido en prisión.

Cuando el panorama para el excombatiente de las Farc parecía aclararse, con la decisión tomada por el tribunal de la justicia transicional, una nueva orden de captura en su contra le impidió recobrar su libertad, esa que solo le duró un par de minutos, porque, tras cruzar las puertas de la cárcel La Picota, en Bogotá, miembros del CTI de la Fiscalía lo recapturaron y los trasladaron a los calabozos del búnker de la Fiscalía.

No había avanzado más de 100 metros, en una silla de ruedas y bajo un gran esquema de seguridad por parte de funcionarios del Inpec, cuando nuevamente le leyeron sus derechos y le notificaron que esta nueva captura obedecía a los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, por lo que tuvo que ser devuelto al penal y luego trasladado en un helicóptero de la Policía hasta la sede del ente investigador.

Ahora, todo indica que Seuxis Paucias Hernández Solarte, como es su nombre de pila, tendrá que enfrentar la justicia como cualquier ciudadano del común, debido a que los delitos que le están siendo asociados tendrían que ver, según el material probatorio que tiene la Fiscalía, con hechos ocurridos después de la firma del acuerdo de paz de La Habana, entre el gobierno de Colombia y las Farc.

Hasta ahora, la JEP había sido el tribunal encargado de estudiar su caso, esto porque Hernández Solarte se acogió al proceso de paz, y la solicitud de extradición que envió el gobierno de los Estados Unidos así lo requería. Pero ahora, con delitos cometidos, aparentemente, a comienzos del año 2017, la historia será diferente, pese a que sus abogados intentarán que sea procesado como aforado.

Para los abogados que defienden los intereses de Santrich, este nuevo proceso judicial es “un nuevo montaje”, por lo que ahora tendrán que estudiar a profundidad el expediente y tratar de revertir tales acciones, pues consideran que debería ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, dado que tiene fuero como Representante a la Cámara, donde no se ha podido posesionar por estar en la cárcel.

El abogado defensor Gustavo Gallardo trajo a colación el aval que le dio el Consejo de Estado en marzo pasado, sobre que la no posesión en el Congreso de la República, en julio de 2018, se registró por cuenta de “fuerza mayor”, que en su caso fue la detención en el centro carcelario, por lo que ahora revisara “con lupa” cada documento y prueba contra su defendido.

La defensa tendrá que tratar de revertir las nuevas acusaciones que tiene la Fiscalía, que dijo que estaría vinculado en los delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, los cuales tuvieron conocimiento tras la declaración que rindió Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’, quien fue capturado y extraditado a los Estados Unidos, precisamente para colaborar con la justicia y entregar información.

Simpatizantes del partido político de las Farc se manifestaron frente a la cárcel La Picota, en Bogotá, donde Santrich fue liberado y luego capturado.

La novela vivida este viernes será recordada, política y jurídicamente, por los colombianos, pues Hernández Solarte debía posesionarse como Representante a la Cámara, y esa será una de las peleas que se darán en los estrados judiciales, a donde se espera que llegue en las próximas 36 horas, tiempo que tienen para legalizar esta nueva captura.  

¿Qué viene en el proceso?

La justicia transicional, quien le dio una luz de esperanza a Santrich al otorgarle el derecho de no extradición, se pronunció tras los últimos hechos y aseguró que si bien la competencia inicial es de este tribunal, en este caso no cabe probabilidad, dado que, según la Fiscalía, los hechos se cometieron posterior a la firma final del acuerdo de paz.

“Si la Fiscalía lo capturó, se infiere que le va a imputar un delito cometido después del 1 de diciembre de 2016. La competencia de la JEP es hasta esa fecha. La diferencia con el caso que se resolvió el miércoles pasado es que se trataba de una captura con fines de extradición y la JEP debía actuar a la luz del artículo 19 transitorio”, expresó el tribunal de justicia transicional.  

Añadió que “debe quedar claro que la JEP, como Tribunal de Justicia Transicional, actuó en el caso Seuxis Hernández Solarte como garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad y no ha sido ella la que eventualmente propicie la crisis del proceso de paz”.

Tras esta declaración, nace la inquietud si el excombatiente debe ser juzgado como aforado o por la Fiscalía, a lo que el exmagistrado del Consejo de Estado Gustavo Gómez, aseguró que si bien existe una providencia proferida por el alto tribunal meses atrás, que le da la razón a Santrich sobre su puesto en el Congreso, este no se ha posesionado formalmente.

“La función pública se adquiere con la designación de elección popular o el mecanismo de los acuerdos de paz y la posesión. Cuando se presentan esos dos fenómenos se ingresa a la función pública. En este caso habría competencia de la Fiscalía, debido que si bien fue elegido, no ha podido posesionarse por causa de fuerza mayor”, expresó el exmagistrado.

A esta moción se sumó el expresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Óscar Jiménez, quien consideró que si bien puede estar inscrito ante tal entidad, al no estar posesionado no cuenta con fuero constitucional. Añadió que es posible que la Fiscalía tenga suficientes pruebas en su contra para llevarlo ante los estrados judiciales.

Teniendo en cuenta esto, la Fiscalía, que en este momento tiene como encargado a Fabio Espitia, tras la renuncia irrevocable de Néstor Humberto Martínez, se ve como el principal actor para llevar el proceso antes los estrados judiciales dentro de la justicia ordinaria, por lo que se espera su legalización en las próxima horas en los juzgados de Paloquemao.

La Fiscalía tiene un nuevo proceso, testimonios y pruebas que datan de una posible comisión de delitos en territorio colombiano. De probarse que lo que dice el ente acusador es cierto, el excombatiente de las Farc podría enfrentarse a pasar más tiempo en una cárcel en Colombia, según el exfiscal Mario Iguarán, quien consideró que lo que viene es un proceso judicial como para cualquier persona.

Le debe ser legalizada su captura, exponer las pruebas en su contra e incluso llegar a pedir una medida de aseguramiento en su contra. El exfiscal no descarta que Santrich pueda ser extraditado hacía Estados Unidos, dado que la Sala de Apelaciones de la JEP recibió dos conceptos: uno de la Procuraduría y otro de las autoridades norteamericanas, donde le solicitan estudiar nuevamente la decisión.

“Se hace la legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Pero lo que puede pasar es que la Sala de Apelación revoque la primera decisión y estando privado de la libertad lo puedan extraditar”, precisó el exfiscal.

Iguarán aseguró que no ve viable que la diligencia se adelante de manera reservada, dado que a su juicio no están las prohibiciones establecidas para la prensa.

Santrich fue capturado el 9 de abril de 2018, esto por pedido de una Corte de Estados Unidos en la que aseguraban que el excombatiente estaba vinculado con una organización dedicada al narcotráfico, incluso se llegó a conocer que tenía nexos con el ‘Cartel de Sinaloa’.

Las pruebas que en su momento fueron allegadas a la JEP, por parte de la Fiscalía, no fueron suficientes para que el excombatiente pisara territorio extranjero. Pero tales hechos hoy son reprochados por la justicia transicional.

“La JEP se pregunta por qué esas evidencias que dice tener la Fiscalía General de la Nación, suministradas por el país que solicitó la extradición de Hernández Solarte, no fueron aportadas al análisis que hizo la Sección de Revisión”, señaló el viernes.