El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, y el Contralor General de la República, Edgardo Maya, presentaron un proyecto de ley para criminalizar la negación, omisión u obstaculización en la prestación de los servicios de salud en donde se compromete la vida de los usuarios.

El procurador explicó que con esta iniciativa legislativa se pretende reducir la cifra de tutelas, que solo en 2017 llegó a las 200 mil, de las cuales el 80% corresponden a recursos por deficiencia en la prestación del servicio de salud. 

“Este proyecto lo único que hace es desarrollar desde el punto de vista de la reglamentación legal algo que me tocó a mí como ministro del Interior que es la Ley Estatutaria de la Salud, una ley que ha sido incumplida, que estipula que existan sanciones penales y disciplinarias para quienes no cumplan con ese deber de prestar el servicio de la salud”, explicó Carrillo. 

El jefe del Ministerio Público aclaró que dentro de las conductas que serán investigadas disciplinariamente también se contempla el incumplimiento de tutelas, lo cual no incluye solamente a los funcionarios de las entidades promotoras de salud (EPS) sino a quienes obstaculicen la prestación de un servicio.