El procurador Alejandro Ordóñez se sumó al rechazo por las declaraciones del fiscal  Eduardo Montealegre, quien señaló que los videos elaborados por ciudadanos sobre atentados terroristas solo pueden ser entregados a la Fiscalía, y no a terceros (medios de comuniciación o redes sociales), so pena de ser judicializados.

En carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos, Ordóñez señaló que el combate a las organizaciones terroristas no puede hacerse en desmedro de libertades y derechos que son inderogables, consagrados en la Constitución, como la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Ordóñez dijo que esta posición es una forma de victimización, que es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ratifica que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia de una sociedad democrática, así como la de la Corte Constitucional, que ha indicado que la libertad de expresión es de doble vía y no puede haber censura.

“Para la Procuraduría es inadmisible que quienes sufren el terrorismo ahora sean intimidados por el Estado al ser acusados de estar “inmersos en conductas delictivas” y ser amenazados con penas de prisión, si divulgan esos audios y videos. ¡Absurdo!”, señaló.

Ordóñez aseguró que se trata de una “decisión demasiado grave para las libertades civiles”: “Tal proceder es una censura que desconoce la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos y que puede incluso generar responsabilidad internacional del Estado. Es también una práctica propia de gobiernos que quieren manipular la información, ocultarla, tergiversarla, en contra de las garantías democráticas”.

En la dura misiva de tres páginas, el procurador asegura que no es un criminal el que graba con su celular un video como el atentado en Bogotá de la semana pasada y mucho menos puede ser judicializado por subirlo a Twitter o Facebook.

En su criterio, eso “solo es posible en dictaduras, jamás en un Estado de derecho”.

*Bogotá | Colprensa