El Juez Municipal de El Rosal (Cundinamarca) no legalizó los elementos probatorios que se recaudaron en la casa del exauditor de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, quien falleció el pasado 8 de noviembre en Subachoque en su lugar de residencia, producto de un infarto, según el dictamen de Medicina Legal.

La Procuraduría General, a cuyo frente se encuentra Fernando Carrillo Flórez,  aseguró que la no legalización obedeció a los argumentos expuestos en la diligencia por parte de la delegada del Ministerio Público.

A su juicio, consideró que se habían violado las garantías, en razón a que se excedió el tiempo para realizar la audiencia. Según la delegada pasaron más de 36 horas, una vez culminó la diligencia. Por lo que, según el ente de control, el juez le dio la razón.

Una versión diferente a la de la Procuraduría tiene la Fiscalía General, que fue la que adelantó las acciones. A su juicio, lo que se llevó a cabo fue una inspección voluntaria, pues no se trató de un allanamiento como tal, ya que los familiares de Pizano siempre accedieron a que se adelantaran tales diligencias.

Según la Fiscalía, pese a que la audiencia de legalización se llevó a cabo el viernes y culminó a altas horas de la noche, la misma no debía presentarse teniendo en cuenta que las ‘inspeccciones voluntarias’ no son legalizadas ante un juez.

Para la Fiscalía resulta confuso que, si bien la procuradora del caso acompañó uno a uno los procedimientos llevados a cabo en la residencia de Pizano, en la diligencia ante el juez se opuso a que se le diera legalidad a las pruebas recolectadas por los miembros del CTI.

En las inspecciones que se realizaron entre los días 17 y 18 de noviembre, los investigadores hallaron en el baño auxiliar de la casa, en uno de los gabinetes, un tarro de cianuro, además de dos celulares y un computador.

El hallazgo de la Fiscalía en razón al cianuro es importante, debido a que Alejandro Pizano, hijo del exauditor, falleció dos días después de su padre, luego de que ingiriera agua saborizada que estaba en la oficina de su papá, y la que al parecer, contenía residuos del químico. En el dictamen de Medicina Legal se confirmó que Alejandro Pizano tenía rastro del veneno en su organismo.

El exauditor dejó unas declaraciones grabadas a Noticias Uno en las que señala al fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, de conocer las irregularidades que se registraron en la contratación hecha con la firma brasileña Odebrecht, y no puso esa información en manos de las autoridades.

Por su parte, Martínez Neira le ha salido al paso a todas las acusaciones, afirmando que no había certeza sobre los delitos que se habían registrado ni si todos los hechos eran “denunciables”.

El jueves, decisión sobre Fiscal ad – hoc

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, anunció que el jueves se determinará si es necesario designar el fiscal ad hoc para el caso de Odebrecht. 

El magistrado aseguró que una vez la corporación que preside estudie la recusación que pesa sobre la vicefiscal general María Paulina Riveros, para llevar el caso judicial que se surte por el entramado de corrupción de Odebrecht, y se verifiquen los documentos presentados por la misma delegada de la Fiscalía suministrados durante la semana pasada, se le informará al presidente Iván Duque, para que envíe la terna. 

Para Barceló lo más posible es que tal acción se defina antes de que culmine el año. “Lo único que puedo decir es que la Corte Suprema de Justicia va a atender el tema de manera pronta. Ya hay un magistrado ponente que están elaborando un proyecto alrededor de ese tema, y el jueves veremos que decisión adopta la Corte Suprema”, aseguró. 

El magistrado explicó que la determinación es netamente jurídica, por lo que no es necesaria ninguna recolección de pruebas, “se presenta un documento donde hay una recusación, parece ser una declaración de impedimento de la señora vicefiscal, y al rededor de eso que es estrictamente jurídico la corte tomará su decisión”. 

Se espera que el magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero Zuluga, quien es el designado para llevar el proceso del fiscal ad hoc, presentará su ponencia a más tardar el miércoles, para que sea definido al día siguiente.