La Procuraduría General de la Nación suspendió provisionalmente por tres meses al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile Fayad, quien es investigado por las presuntas irregularidades en un contrato de tecnología y la supuesta corrupción en un convenio financiado con recursos de regalías. 

La decisión fue tomada por el órgano de control para evitar la reiteración la presunta falta disciplinaria en la que estaría incurriendo el mandatario departamental con la ejecución de recursos públicos, así como por la interferencia en la investigación por las presuntas irregularidades en la suspensión unilateral de un convenio celebrado entre la gobernación y la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia (George Dahl). 

La Procuraduría también investiga la veracidad de los señalamientos hechos por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien en el marco de su colaboración con la justicia colombiana manifestó que cuando estuvo al frente de la administración departamental desvió dineros públicos para financiar la campaña de Edwin Besaile. 

Por estos hechos el Ministerio Público también investiga al director administrativo de Planeación de la Gobernación, Manuel José Benjumea Simancas, a la asesora del despacho del gobernador, Sandra Milena Ruiz Pérez, y al director de contratación de la Gobernación, Jairo Rafael Cruz Lozano. 

El gobernador Besaile ya había sido suspendido desde febrero pasado cuando el ente de control le imputó cargos por su presunta participación en el 'Cartel de la Hemofilia', un escándalo de corrupción en el que se evidenció el robo de 50.000 millones de pesos del erario público. 

En las primeras investigaciones se descubrió que dicho monto se pagó a centros hospitalarios para el suministro de medicinas a pacientes que nunca existieron. 

Así mismo, se determinó que fueron despilfarrados más de 5.000 millones de pesos en tratamientos de equinoterápica y neurodesarrollo para niños que no los necesitaban. 

La investigación disciplinaria en contra de Besaile Fayad busca esclarecer los hechos y presuntas irregularidades en el pago de más de 1.500 millones de pesos a la IPS San José de La Sabana S.A.S., para la atención de catorce falsos pacientes presuntamente diagnosticados con hemofilia.