Desde Cali, el Procurador anunció que ordenó la suspensión por tres meses del alcalde de Tierralta, Córdoba, Fabio Leonardo Otero, por cuenta de la investigación disciplinaria en contra el mandatario por presuntas irregularidades en el control del orden público, que estarían relacionadas con la invasión de unos lotes y que habrían derivado en el homicidio de la líder social María del Pilar Hurtado, el pasado viernes 21 de junio.

Durante su intervención, el jefe del Ministerio Público enfatizó que es responsabilidad de los alcaldes y gobernadores velar por la vida de líderes y lideresas sociales, y añadió que Otero "fue bastante displicente e insensible al asesinato de María del Pilar Hurtado, hoy lo estamos suspendiendo como alcalde de ese municipio por sus omisiones en el cumplimiento de sus deberes".

Carrillo Flórez comunicó la decisión durante su intervención en la Mesa de protección a la vida - capítulo mujeres que este miércoles se realiza en la capital del Valle del Cauca.

"La Procuraduría Provincial de Montería precisó que con la permanencia del investigado en el cargo podría haber una interferencia al proceso disciplinario, ante la eventualidad de que el mandatario despliegue acciones sobre la administración, presuntamente encaminadas a la recuperación de uno de los predios invadidos, que sería de propiedad de su padre", indica una comunicación del ente disciplinario.

Una de las pruebas que hay en el expediente es una orden que el mandatario le dio a la Policía para que recuperaran el predio de su familia.

Es de recordar que el nombre de María del Pilar apareció en un panfleto difundido por las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas en la que la amenazan de muerte.

El crimen de Hurtado también tiene en líos disciplinarios al secretario de Gobierno del municipio, Willington Ortiz Naranjo, quien para la época del asesinato fungía como alcalde encargado y fue el autor de una cuestionada carta en la que aseguraba que con la participación de varias entidades se había establecido que la víctima mortal no tenía su condición de líder social.

Según el documento, a esa reunión asistió un delegado de la defensoría pública, hecho que fue desmentido por la propia Defensoría.