La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que rechace las objeciones presidenciales al proyecto de ley que rebaja del 12 al 4% los aportes en salud y que fue enviado por el Congreso a ese tribunal, hace dos semanas. 

La Procuraduría le solicitó a la Corte declarar estas objeciones infundadas y pidió que los efectos de la ley rijan a partir de su promulgación. 

El Ministerio Público señaló que la sostenibilidad fiscal no debe ser entendida como una barrera para restringir el alcance o protección efectiva de los derechos fundamentales, sino como un imperativo de búsqueda de alternativas para su efectiva concreción. 

En ese sentido el ministerio público le pidió a la Corte que en caso de que el “único vicio del proyecto” estuviera fundado en la escasez de recursos, evalúe la posibilidad de modular su aplicación y armonice así la progresividad con la viabilidad de las políticas legislativas objeto de juicio. 

La Procuraduría ratificó que los pensionados conforman un grupo de especial protección constitucional, y que el Congreso puede otorgarles un trato preferencial con el fin de hacer efectivo el principio de solidaridad.