Para la Procuraduría, el de Álvaro García no es un caso de un político que tuvo nexos con grupos armados paramilitares, sino el de un paramilitar que incursionó en la política. 

Este es uno de los argumentos que se lee en el concepto que el Ministerio Público le envió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que pide que el exsenador no sea incluido en el tribunal de paz. 

“Las conductas por las que fue condenado Álvaro García fueron cometidas en su calidad de fundador y miembro del Bloque Héroes de Montes de María, de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y los miembros de los grupos paramilitares no son sujetos de competencia de la JEP”, explicó la Procuraduría. 

El Gordo’ García, como se le conoce popularmente, paga una pena de 40 años por concierto para delinquir agravado, homicidio múltiple y peculado. Una de las masacres en las que se le halló culpable fue la de Macayepo, perpetrada el 14 de octubre del año 2000. 

Sobre esta incursión paramilitar, la Procuraduría señaló que ocurrió mientras era integrante activo de grupos paramilitares y no como un tercero civil. 

Finalmente, la Procuraduría señaló que en este caso el compromiso del exsenador García con la verdad “ha sido muy pobre, ya que no anuncia hechos nuevos ni promete aportar verdad sobre circunstancias que no han sido conocidas por la justicia ordinaria”.