La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que se dé prioridad a la hora de un trasplante de un órgano a las personas que previamente se hayan declarado como donantes de órganos.

El Ministerio Público le pidió a la Corte que deje intacto el artículo 14 de la Ley 1805 de 2016, según el cual “en aquellos casos en los cuales dos (2) personas en lista de espera de trasplante de órganos o tejidos sean médicamente compatibles y tengan el mismo nivel de gravedad, el órgano o tejido será trasplantado a la persona que hizo expresa su voluntad de ser donante de órganos y tejidos y se encuentre identificada como tal”.

Esta disposición fue demandada ante la Corte por considerar que vulnera el derecho a la igualdad y que impone que la obligación a las personas de declararse donantes para acceder a un trasplante.

No obstante, para la Procuraduría esto no es así sino, al contrario, se promueve la cultura de la donación a través de un incentivo legítimo y constitucionalmente permitido.

“Esta es una norma que persigue una finalidad trascendente, a través de un medio conducente, cuyo objeto no es la restitución de un derecho fundamental, así como tampoco la regulación de ningún evento de exclusión frente a la donación de órganos, sino por el contrario, propone una solución para resolver una situación de empate entre receptores en igualdad de condiciones”, señaló la entidad.

Para el Ministerio Público, es aconsejable que exista un criterio de priorización para el acceso a éste tipo de tratamientos y que se otorgue un incentivo, “lo cual se convierte en una razón suficientemente poderosa como para despertar una solidaridad actual en pro de una solidaridad futura”.