La Procuraduría General de la Nación solicitó este viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que rechace la petición de acogimiento hecha por el exsenador y precandidato presidencial, Alberto Santofimio Botero, al argumentar que los hechos que rodearon el asesinato del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento no tuvieron relación con el conflicto armado.

El Ministerio Público pidió que se decretara la falta de competencia de la JEP para conocer los delitos por los que fue condenado Santofimio Botero a 24 años de cárcel, y devolver el expediente al Juzgado Dieciséis de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, para que continúe la vigilancia y el control del cumplimiento de la pena.

En su argumento, la Procuraduría explicó que la reconstrucción histórica y judicial del magnicidio de Galán confirmó que “se pretendía beneficiar las aspiraciones políticas personales del aquí compareciente (Santofimio) y de otro lado, facilitar y eliminar obstáculos para continuar con la actividad del narcotráfico”, de su aliado, el capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.

En ese sentido, pese a que el asesinato tuvo repercusiones histórica y política, el hecho configura un delito común sin relación con el conflicto armado. “Se hace necesario dejar claro que el homicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento obedeció a un contexto de criminalidad relacionada con el narcotráfico, que además pretendía imponer en el país un ambiente de miedo e incertidumbre”, aclara la Procuraduría.

Historia

El 31 de agosto 2011 la Corte Suprema de Justicia entregó su veredicto final encontrando culpable a Santofimio Botero como coautor de tres homicidios con fines terroristas: el del líder del Nuevo Liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento, del detective Santiago Cuervo Jiménez y del concejal Julio César Peñalosa Sánchez.

La investigación había empezado en 2005 y en 2007 fue encontrado culpable y sentenciado a 24 años de cárcel. Las apelaciones de sus abogados llegaron hasta la Corte, que dio el fallo final.

Santofimio era uno de los líderes del Partido Liberal entre las décadas de 1980 y 1990. 

Además del caso Galán, también fue procesado y encontrado culpable en el Proceso 8.000 contra el presidente Ernesto Samper.