El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, exhortó al Gobierno Nacional para que modifique el modelo de prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), incluyendo reformas inmediatas en los mecanismos y tiempos como se transfieren recursos a los entes territoriales, el tipo de contratos y la selección de los contratistas.

Carrillo Flórez presentó este miércoles un informe sobre la corrupción que encontró en relación al PAE que consiste en la desviación de recursos o la no prestación del servicio.

En ese sentido, Carrillo citó a una primera sesión a los ministros de Educación, Yaneth Giha; de Hacienda, Mauricio Cárdenas; al director de la Dirección Nacional de Planeación, Luis Fernando Mejía, y al director de Colombia Compra Eficiente, Juan David Duque, para evaluar el modelo actual de la prestación del PAE y los ajustes a corto y mediano plazo.

Por ejemplo, Carrillo pidió que las secretarías departamentales, distritales y municipales de salud asuman desde 2018 la vigilancia del complemento alimenticio que reciben los estudiantes, así como las condiciones de salubridad de los mismos.  

El llamado del órgano de control es a cerrar la puerta a la contratación directa del PAE que en 2017 fue del 79% (1.032 convenios),  en tanto que solo el 2% correspondió a licitación pública.

Carrillo informó que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría analizó 7.880 procesos contractuales PAE firmados desde 2013, y puntualmente los 1.307 que los 32 departamentos y  Bogotá publicaron en el Portal de Contratación Estatal  -SECOP- en 2017, por un valor de 447.255 millones de pesos.

Carrillo dijo que en la actualidad no hay cobertura del 100% en las 41.644 sedes educativas priorizadas para el PAE y que un alto porcentaje de las sedes educativas que tienen cobertura PAE se estarían presentando problemas con el cumplimiento oportuno de las entregas de las raciones alimenticias.

152 procesos disciplinarios

Carrillo señaló que en 2017 por convenios PAE, la Procuraduría tramita 152 procesos disciplinarios, de los cuales 104 corresponden a indagaciones preliminares (73 están en las regiones y 31 en el nivel central), 45 investigaciones disciplinarias (25 en las procuradurías regionales y provinciales y 20 en el nivel central).

Igualmente, anunció que en los últimos días se abrió investigación al exalcalde de Cartagena, Manuel Duque, "por acudir a la urgencia manifiesta y contratar raciones para 83.974 estudiantes; y a los exgobernadores de La Guajira, Sugeila Oñate Rosado y José María Ballesteros".

La Procuraduría sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años al entonces alcalde Fabio Velásquez Rivadeneira, y de 10 años a la exsecretaria de Educación, Dilsey Yensith Acosta.

En Caquetá, en otro fallo, se ordenó la suspensión del alcalde de Montañita, Arlex Gómez López.

Hospitales como contratistas PAE

La Procuraduría encontró convenios interadministrativos firmados por municipios y Empresas Sociales del Estado para el suministro de alimentos por montos que en algunos casos superaron los 800 millones de pesos, y contratos de las ESE para la adquisición de alimentos y refrigerios escolares.

El Grupo Élite Anticorrupción abrió investigación por estos hallazgos al precisar que las ESE constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

Entre los contratos por más de 200 millones de pesos firmados por Empresas Sociales del Estado que revisa la Procuradurías están:

En Bogotá

• La alcaldía local de Usme contrató a la Subred Integrada de Servicios de Salud por 415 millones de pesos.

En Antioquia

• La ESE Hospital María Auxiliadora firmó con el municipio de Chigorodó un contrato por 821 millones de pesos.
• La ESE Hospital San Juan de Dios suscribió contratos con los municipios de La Concordia, Támesis y Pueblo Rico, por más de  500 millones de pesos.
• La ESE Hospital Santa María de Santa Bárbara firmó un convenio con la alcaldía del municipio de Santa Bárbara por 273 millones.
• La ESE Hospital María Antonia Toro de Elejalde firmó con el municipio de Frontino un contrato por más de 246 millones de pesos.
• La ESE Hospital San Vicente de Paúl firmó con el municipio de San Carlos un contrato por 231 millones.

Entre los contratos que firmaron las ESE para el suministro de víveres, mano de obra para la elaboración de los refrigerios y el suministro de complementos alimenticios, figuran los firmados por la ESE Hospital San Juan de Dios de Sonsón por 781 millones, ESE Hospital Pedro Nel Cardona de Arboletes por 670 millones, ESE Hospital Héctor Abad Gómez de San Juan Urabá por 422 millones, ESE Hospital San Vicente de Paúl de Remedios por 269 millones, ESE Hospital María Antonia Toro de Elejalde de Frontino por 211 millones, y la ESE Hospital Santa Margarita de Copacabana por 144 millones.

Alerta por concentración de contratos

La Procuraduría señaló que desde 2013 a la fecha se presenta en el país una alta concentración de los contratos PAE con  fundaciones y asociaciones, especialmente con:

La Fundación para el desarrollo social - Fupadeso - que firmó 43 contratos por más de 4.488 millones. La Fundación Colombia Emprende VI con 31 contratos por más de 5.237 millones de pesos; la Fundación somos manos unidas con 25 contratos por más de 3.444 millones de pesos.

Igualmente, la Fundación Colombia un país para el presente con 15 contratos por más de 5.735 millones; la Fundación vive Colombia con 15 contratos por más de 9.444 millones; la Fundación Emssanar con 10 contratos por más de 3.027 millones de pesos, y la Asociación de municipios del norte antioqueño con 10 contratos por más de 2.403 millones de pesos.

Por valor del contrato, los primeros 10 puestos los ocupan: Corporación para el Desarrollo Social Tanai Jawa con un contrato por 37.688 millones de pesos, (Norte de Santander); el Consorcio Nutrición Escolar con dos contratos por valor de 30.823 millones (Bolívar); y la Unión Temporal PAE Magdalena 2017 con un contrato por 22.428 millones de pesos (Magdalena).

Le siguen la Unión Temporal Enlace Oriente Cúcuta con un contrato de 19.400 millones (Norte de Santander), y la Fundación Unidad Social Barrio Adentro con tres contratos por 14.927 millones (Antioquia – Magdalena).

Así mismo, la Corporación Regional para la Construcción Social con dos contratos por 11.336 millones (Sucre); la Fundación Colombia una nación cívica – Concivica con un contrato por 10.820 millones (Antioquia); la Unión Temporal Nutrición Escolar 2017 con un contrato por 10.617 millones (Magdalena), entre otros.

Además, la Procuraduría General de la Nación identificó a los cinco representantes legales que más convenios PAE han suscrito entre 2013 Y 2017

1. Luisa Fernanda Flórez Rincón: 24 contratos por más de 152.448 millones, figura como  representante legal de la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada y la Unión Temporal Alimentación Escolar Santande 2016, con operaciones en Huila, Meta, Santander y Tolima.

2. Germán Almaza Hernández: 271 contratos por más de 149.382 millones, figura como representante legal del Convenio Interinstitucional de Asociación, Fundación Veve Colombia, Fundación Vive Colombia, Germán Almanza Hernández, La Unión Temporal Nutrialianza, Unión Temporal Nutrialianza 2013, con operaciones Bogotá, Cundinamarca y Boyacá.

3. Ivis del Carmen Rosado Robles: 11 contratos por  más de 144.658 millones, figura como representante legal de la Asociación de Manipuladores de Alimentos de Cesar – Asoalimentarse; Consorcio Alimentando un Cesar más Educado, Consorcio Educación a Salvo, Ivis del Carmen Rosado Robles, Consorcio Alimentos Juntos, con operaciones en La Guajira, Cesar y Magdalena.

4. Noel Rodríguez Cubides: 5 contratos por más de 116.741 millones, figura como representante legal de Noel Rodríguez Cubides y Unión Temporal Maná 2014, con operaciones en Antioquia.

5. Victoria Eugenia González: 43 contratos por más de 92.232 millones, figura por su cédula como representante legal de la Fundación Construyamos Colombia con operaciones en Caquetá, Tolima, Bogotá, Cundinamarca, Quindío y Risaralda.