La Procuraduría General de la Nación anunció que continuará brindando un esquema de seguridad al exjefe de la entidad, Alejandro Ordóñez Maldonado, hasta que se realice un nuevo estudio de riesgo.

“Frente a la ausencia de un nuevo estudio de seguridad realizado al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado y a los miembros de su familia, la Procuraduría General de la Nación, en cumplimiento de la normativa existente y en aras de garantizar la protección al exprocurador y a sus familiares, mantiene el esquema que tenía al momento de su salida del cargo”, señaló la entidad.

El esquema de Ordóñez, cuando era Procurador, incluía tanto integrantes de la Policía como del Ejército Nacional, y carros blindados para él, su esposa y sus hijas.

La entidad confirmó que Ordóñez, siendo Procurador, estableció una resolución en el 2009 en la que estipulaba un nuevo reglamento, que señalaba que la seguridad para los exfuncionarios de la Procuraduría General de la Nación no podría superar los cuatro años de duración desde la salida del cargo.

En ese sentido, un nuevo estudio “determinará las novedades para el esquema del doctor Ordóñez Maldonado y su familia”.

El comunicado del Ministerio Público se conoció horas después de que se revelara que el exprocurador mantenía el mismo esquema de seguridad después de dejar el cargo el pasado 19 de septiembre, el cual contaba con 16 carros de la entidad: tres carros para cada una de sus hijas y cinco para su esposa.

La información, revelada por Caracol Radio, generó polémica en el país, porque además del esquema de seguridad con el que cuenta, se dice que el mismo Ordóñez, siendo la cabeza de la Procuraduría, habría cambiado una norma y abrió la puerta para que exfuncionarios de la entidad conservaran por cuatro años el esquema.

Se trata de la Resolución 327, en la que señaló que "los ex servidores de la Procuraduría General y sus familias, que durante el ejercicio del cargo haya contado con el servicio de esquema de seguridad permanente, tendrán derecho a continuar con ese beneficio por un período máximo de cuatro (4) años, contado a partir de la terminación del vínculo legal y reglamentario".

Esta resolución ya habría sufrido modificaciones, ya que en octubre de 2000 se estableció que para los exfuncionarios ese esquema se reducía al 75 %, fijaba un límite de un año y condicionaba su permanencia la existencia de un estudio de seguridad.

Debido a este escándalo, la Policía habría tomado la decisión de reducir el número de uniformados a cargo de la seguridad del jurista, el cual pasaría de tener 14 a solo cuatro policías: Un suboficial y tres patrulleros; mientras que el Ejército sostendrá por ahora el número de escoltas militares, debido a los estudios que existen sobre un alto riesgo para el exfuncionario.