Ante la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica, derivada de la pandemia del COVID-19, la Procuraduría anunció que vigilará que se cumplan los principios de transparencia y legalidad de toda la contratación directa necesaria para la contención de la propagación del virus.

El procurador general, Fernando Carrillo, ordenó desplegar acciones preventivas en todo el país para vigilar que las entidades de los sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa y todas aquellas que contraten el suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras para la atención de la población afectada, lo hagan de la manera inmediata, oportuna y transparente.

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También habrá monitoreo y vigilancia del uso eficiente de los recursos públicos destinados a atender y contener los efectos del COVID-19, para evitar posibles actos de corrupción de funcionarios y o particulares, incluyendo a proveedores del mercado.

La Procuraduría dará especial apoyo a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende a 1.750.000 niños y niñas de Primera Infancia en el país, para detectar estructuras inescrupulosas de operadores y prestadores servicios, que ante la emergencia pretendan manipular la información y aprovecharse de la necesidad de la niñez colombiana.