La Procuraduría General de la Nación investiga presuntos contratos amañados en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los departamentos de Santander, Amazonas y Huila, además de los convenios suscritos en Floridablanca, Cúcuta y Pitalito. 

En el marco de estos procesos, el Ministerio Público formuló pliego de cargos en contra del exgobernador de Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, quien es investigado por presuntas irregularidades en la firma de un convenio del PAE, suscrito entre la administración departamental y con la Fundación Isla Korea, el cual se habría adjudicado de manera directa a pesar de que la cuantía del contrato era cercana a los 792 millones de pesos. 

“Si hubiera realizado una juiciosa lectura de dicha norma y los documentos propios de la fundación: certificado de existencia y representación legal, RUP, etc, hubiera podido percatarse de que dicha figura probablemente no tenía cabida, en tanto que la aludida fundación no era una entidad pública”, explicó la Procuraduría. 

Así mismo, el órgano de control investiga a la secretaria de Educación de la Gobernación de Santander, Ana de Dios Tarazona García, y al representante legal del Consorcio Interventoría Alimentarte 2016, Fernando León Medina Monsalve, por un supuesto direccionamiento de la licitación pública en la que fue seleccionada la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, para ejecutar un contrato por 30 mil millones de pesos. 

En este caso se analiza si ocurrió una presunta mala ejecución del contrato que incluiría indebida manipulación de alimentos y supuestos incumplimientos que habrían afectado a 10 mil menores. 

En Floridablanca, la Procuraduría encontró presuntas irregularidades en un contrato que suscribió el municipio con la Corporación para el Desarrollo Social Tanai Hawa, por más de 3.000 millones de pesos. 

Por este convenio se abrió investigación disciplinaria en contra del jefe de la Oficina de Contratación de la Alcaldía, Mario Barragán Pachón; el secretario de Educación, Juan Carlos Ostos Guevara, y la supervisora designada, Yuislay Correa Agudelo. 

En Pitalito, el Ministerio Público abrió investigación disciplinaria en contra del alcalde del municipio, Miguel Antonio Rico Rincón, y el mandatario local encargado, Jorge Enrique Motta Carvajal, por presuntas irregularidades en la celebración de tres contratos por 7.800 millones de pesos con los que se habría beneficiado de manera directa a la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Limitada. 

Por otros contratos presuntamente irregulares con la Cooperativa Surcolombiana también fueron abiertos procesos en contra de funcionarios públicos de la Gobernación del Huila y las alcaldías de Neiva y Cúcuta. 

Además, la Procuraduría también formuló pliego de cargos en contra del exviceministro de Educación Prescolar, Básica y Media, Luis Enrique García, por presuntas irregularidades en la implementación del PAE durante el 2015. 

La investigaciones también se extienden a la subdirectora de Permanencia y supervisora del contrato No. 374-2015, Martha Elena Herrera Cifuentes; la subdirectora de contratación del Ministerio de Educación Nacional de entonces, Luz Karime Jaimes Bonilla, y el rector de la Universidad de Antioquia en la época de los hechos, Alberto de Jesús Uribe Correa.