Un informe alarmante presentará el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, hoy en San Andrés. El documento está relacionado con la situación que impera en la Isla en materia social, económica y ecológica que exigen una inmediata atención del Gobierno Nacional.

El reporte elaborado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales que fue conocido por Colprensa hace un llamado a todo el gabinete, al Departamento Nacional de Planeación y a las autoridades departamentales hacer un trabajo en conjunto para diseñar un plan que pueda zanjar de una vez la problemática.

Dice el Ministerio Público que se necesita una adecuada estrategia social, económica y ambiental que se vea reflejada en mejoras concretas del nivel de vida de los habitantes del archipiélago; en cambios en las formas de ocupación del suelo; pero sobre todo en la protección efectiva de los importantes ecosistemas de la zona de reserva de biósfera Seaflower, entendiéndose esto último como un referente transversal a cualquier forma de acciónW.

La zona de reserva de biósfera Seaflower (ZRB) que envuelve el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en su zona marítima e insular fue así considerada por la Unesco por el valor de su biodiversidad y del total de su área, 65 kilómetros cuadrados fueron catalogados como Área Marina Protegida por parte del Ministerio del Medio Ambiente en 2005.

De acuerdo con la Procuraduría es urgente hacer toda una labor de reingeniería al interior del Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Coralina pues tal y como está es una entidad muy débil, con una baja capacidad de gestión y cumplimiento.

El Ministerio de Ambiente, como cabeza del Sistema Nacional Ambiental, debe considerar la posibilidad de convertirse en un referente y un verdadero apoyo para la Coralina, frente a la implementación de políticas, asignación de recursos que permitan la capacitación de funcionarios de esta autoridad regional y contar con todos los elementos logísticos, de personal y financieros tendientes a que esa autoridad ambiental pueda ejercer a plenitud la administración de la ZRB Seaflower en cuanto a procesos de seguimiento, control, administración y vigilanciaW, señala el documento.

Para el Ministerio Público no es coherente el manejo legal que se ha venido presentando en el archipiélago pues aunque este tiene un régimen especial no hay un manejo integral de las normas que lo rodean ni sobre la ZRB Seaflower, que debería ser solucionado por el Congreso teniendo en cuenta, además, la pérdida de mar territorial por cuenta del fallo de La Haya.
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Ese nuevo ordenamiento jurídico –dice la Procuraduría- debe tener en consideración las normas constitucionales dictadas en forma especial para el archipiélago, así como la nueva realidad social, económica y ambiental derivada del fallo de 19 de noviembre de 2012, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, dentro del diferendo entre Colombia y Nicaragua”.

Como consecuencia de ese fallo, el Gobierno anunció el “Plan San Andrés” en noviembre de 2012 con inversiones iniciales de 285 mil millones de pesos y luego hasta de 70 millones de dólares en inversión para infraestructura, educación, salud, comercio, pesca y turismo, entre otros. Ese Plan tenía como fuente de financiación el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, creado en la Reforma Tributaria de 2012.

Bogotá | Colprensa