El procurador general, Fernando Carrillo Flórez, entregó este martes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 1.588 procesos disciplinarios en contra de miembros del Ejército, la Armada Nacional y la Policía, que presuntamente estarían vinculados en el conflicto armado que padeció el país durante más de 50 años. 

“Es importante finalizar el primer año de la JEP con el informe de la Procuraduría que contiene las investigaciones disciplinarias que se han adelantado en contra de agentes del Estado que participaron en el conflicto, esta es la muestra de un acto de memoria, de verdad, y el inicio de muchos actos de reparación”, dijo Carrillo. 

En el informe, que está digitalizado, Carrillo Flórez consignó 1.588 procesos disciplinarios, de los cuales 733 se encuentran activos hasta el 31 de enero de 2018. 

De ellos, el ente de control ha investigado 650 muertes presentadas como ‘bajas’, 23 atentados o afectaciones a la libertad personal, 21 daños, sufrimientos físicos o psicológicos, y 17 casos que aún están por determinar. 

A juicio del procurador, los 733 procesos activos dan cuenta de investigaciones a 692 miembros del Ejército, a 14 miembros de la Armada Nacional, a tres uniformados de la Policía, a uno de la Fuerza Aérea, a un funcionario municipal y a 22 que aún están sin identificar. 

“Hay al menos 855 documentos finalizados con decisiones de fallo o archivo entre 2006 y el 31 de diciembre de 2017. En 220 casos se profirieron fallos sancionatorios, absolutorios o mixtos y 635 archivos de investigación”, dijo el jefe del ente acusador, quien además señaló que hay 290 servidores públicos sancionados por “graves violaciones a los Derechos Humanos”. 

Entre las estadísticas, Carrillo dijo que profirieron 193 fallos por muertes presentadas como ‘bajas’, ocho por daño físico o psicológico, siete por atentados contra la libertad personal y tres por colaboración con grupos armados ilegales. 

En medio de la entrega del informe, el Procurador dijo que el ente de control seguirá interviniendo para que en el tribunal de justicia transicional no se acepten personas que no son competencia de la corporación, en razón a que estarían obteniendo beneficios que solo deben ser otorgados a los actores del conflicto armado. 

“Debe quedar claro que el Ministerio Público estará vigilante de que no se utilice o abuse de la Jurisdicción Especial para la Paz, para revivir debate probatorios correspondientes a otras jurisdicciones, o para obtener beneficios que solo pueden corresponder a los sujetos de la JEP”, dijo Carrillo. 

La procuradora delegada Mónica Cifuentes, que dirigió la realización del informe, aseguró que si bien la Jep está para decretar justicia y verdad, no puede ser el paso de muchos presuntos delincuentes que quieren salvar su responsabilidad, al pasar las acciones a esta jurisdicción. 

“La Procuraduría ha considerado que hay hechos que no tienen interés con el conflicto, por eso ha dirigido muchas solicitudes a la Jep, para que sean avocados los conocimientos y sean devueltos a la justicia ordinaria, para que se cumple el procedimiento. 

La Jurisdicción Especial para la Paz no es una tercer instancia, acá no se debate una instancia adicional de la justicia ordinaria aquí se da verdad y reconocer responsabilidad”, aseguró en medio de la diligencia que tardó un poco más de dos horas. 

Desde la Jep, la magistrada de la Sala de Reconocimiento y Verdad, Julieta Lemaitre, celebró la entrega del informe en razón a que el ente de control, “es una institución con memoria” de todos los actos que se han cometido en el marco del conflicto.