La Procuraduría General de la Nación aseguró que el trámite dado a  la Ley de Financiamiento en el Congreso de la República está ajustado a la Carta Política.

El Ministerio Público explicó que “sí hubo deliberación por parte de los congresistas, lo que se evidencia en las intervenciones verbales y escritas efectuadas tanto en las comisiones, como en las plenarias de las dos cámaras”.

El órgano de control ratificó que en el desarrollo de esas deliberaciones, los partidos de oposición tuvieron la oportunidad de presentar sus diferentes posturas, propuestas y conclusiones respecto del contenido de la iniciativa legislativa.

Por eso, advirtió que “no se violó el trámite legislativo que ordena la Constitución, pues tanto en la Cámara como en el Senado esta tuvo un amplio debate”.

En una serie de argumentos, el Ministerio Público declaró que el proyecto se tramitó de forma conjunta por las comisiones Terceras y Cuartas del Senado y de la Cámara, y los ponentes y los ejes temáticos de discusión fueron los mismos en ambas cámaras.

“Sobre la falta de discusión del título del proyecto, el Ministerio Público consideró que en ningún momento se afectó sustancialmente un valor constitucional por cuenta de esta omisión, pues es evidente que el título estaba contenido en el texto aprobado por el Senado y sobre el que la Plenaria de la Cámara discutió”, precisó el Ministerio Público.

Daniel Alberto Libreros Caicedo fue quien demandó en abril la ley 1943 de 2018, más conocida como la Ley de Financiamiento. En este caso, la demanda es para la totalidad de los artículos y no precisamente porque el demandante considere que tiene alguna acción inconstitucional, sino porque no se surtieron los procedimientos legislativos.

Corte Constitucional

Contra las Ley de Financiamiento se radicaron 31 demandas de las cuales, según la Secretaria de la Corte, están en curso 21, la que se estudia este martes solo relaciona la de Libreros Caicedo, sin embargo, eso no quiere decir que no habrán decisiones de fondo con las otras acciones legales.

En el caso puntual de Libreros, en su demanda explicó que hubo “violación del principio de consecutividad, ante la ausencia de publicidad, presupuesto que vulneró el procedimiento legislativo establecido para la discusión y aprobación de las leyes en el Congreso”.