En segunda instancia la Procuraduría General de la sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a cinco policías, esto por obstaculizar la investigación del CTI de la Fiscalía General por la muerte del joven grafitero Diego Felipe Becerra Lizarazo, en hechos ocurridos el 19 de agosto de 2011.

Se trata de los comandantes de la Estación de Policía de Suba, coronel Nelson de Jesús Arévalo Rodríguez, y del CAI Andes, subteniente Rosemberg Madrid Orozco, a quienes en primera instancia se les había absuelto de responsabilidad disciplinaria y que ahora son sancionados.

Igualmente, la Procuraduría confirmó la destitución e inhabilidad por 12 años impuesta en el 2016 a Juan Carlos Leal Barrero, y de los patrulleros, Fredy Esneider Navarrete y Nelson Daniel Rodríguez Castillo.

La Sala Disciplinaria del Ministerio Público encontró que el coronel Arévalo Rodríguez y el subteniente Madrid Orozco sí tuvieron responsabilidad disciplinaria al haber consentido que se alterara la escena del crimen, con el fin de ocultar la conducta punible del expatrullero Wilmer Alarcón, quien fue quien disparó en contra del joven.

La entidad reprochó el actuar del coronel y el subteniente, quienes estuvieron presentes en la escena del crimen por tiempo suficiente para conocer con claridad lo sucedido, y por su nivel de mando y jerarquía no resultaba previsible que sus subalternos tomaran decisiones y emprendieran acciones tan determinantes para modificar la escena del crimen sin que ellos se percataran, o incluso las hubieran ordenado.

“Se pretendió afectar el buen nombre del menor Diego Felipe por cuanto se trató de hacerlo pasar como un delincuente y como consecuencia se afectó igualmente el buen nombre de sus progenitores, quienes con razón sobrada han acudido a todas las instancias posibles, en procura de una verdadera justicia, con verdad y con la consecuente declaración de responsabilidad para quienes actuaron, como en este caso, apartados por completo de sus deberes funcionales”, dice el fallo.

En 96 páginas, la Procuraduría señaló que, tras el homicidio del joven, el coronel Arévalo Rodríguez permitió que se plantara un arma falsamente en la escena del crimen, ordenó contactar a un abogado y luego buscó de manera irregular una denuncia que acreditara su versión de la historia, en el sentido de que el joven supuestamente había robado una buseta.

De otro lado, la Procuraduría confirmó la sanción al subintendente Leal Barrero, y a los patrulleros Navarrete y Rodríguez Castillo, al corroborar que sí cometieron falta disciplinara por alterar la escena del crimen, propiciar una demora injustificada en la entrega de la escena al CTI de la Fiscalía General de la Nación, y acordar un pacto de silencio con el fin de ocultar la verdad de los hechos que dieron lugar a la muerte de Diego Felipe y posterior ubicación del arma cerca de su cuerpo, al tiempo de que se le señaló de ser integrante de una banda criminal.

En la determinación se confirmó igualmente la absolución del coronel José Javier Vivas, entonces subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Tras conocerse esta decisión, la Familia aseguró que se trata de un “fallo parcial” porque el oficial absuelto sí estuvo en la escena del crimen, por lo que anunciaron que emprenderán acciones legales posibles para que todos los involucrados en el hecho sean sancionados.