Por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) y la línea de atención 123 por un valor superior a 2.360 millones de pesos, la Procuraduría citó a audiencia pública al gobernador de Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá (2016 – 2019). 

Esta medida también cobijó al secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos, la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), David Viera Mejía. 

Según las investigaciones del Ministerio Público dan cuenta que, al parecer, en la adjudicación se pudo evadir el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU. 

El Ministerio Público señaló que ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un diez por ciento los costos de ejecución. 

Por esos hechos, el Ministerio Público calificó la presunta conducta del gobernador Osorio Buriticá como una falta gravísima a título de culpa grave. Los restantes habrían cometido una falta gravísima con culpa gravísima.