El Ministerio Público estableció que Márquez “sabía de sus obligaciones y no las cumplió”.
Procuraduría apoya pérdida de investidura contra Iván Márquez
En audiencia pública en el Consejo de Estado, la Procuraduría le solicitó al alto tribunal la pérdida de investidura de Luciano Marín Arango, 'Iván Márquez', esto porque el exjefe guerrillero de las Farc decidió no posesionarse como Senador de la República el pasado 20 de julio.
A juicio del delegado de la Procuraduría, Márquez habría desconocido el Acuerdo de paz sobre la reincorporación a la vida civil y política, como fue acordado en La Habana entre el grupo guerrillero y el Gobierno Nacional.
En su intervención aseguró que por cuenta de lo pactado, Márquez conocía de sus "obligaciones" como miembro del Senado de la República y, pese a ello, las desconoció. Acto que quedó registrado el 2 y 23 de agosto por el Secretario General del Senado, quien certificó que el exjefe guerrillero no tomó posesión de su cargo.
La funcionaria de la Procuraduría dijo también que Márquez "no generó excusa alguna. No presentó excusa de fuerza mayor para no incorporarse al Congreso" y, por el contrario, lo que hizo fue devolver su esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección, aduciendo que podía cuidarse solo.
Según el ente de control Márquez no se posesionó por dos argumentos específicos. El primero de ellos relaciona las críticas formuladas en contra de la Jurisdicción Especial para La Paz, órgano que investiga y juzga a los excombatientes.
Y, su segundo argumento hacía referencia a los líos judiciales de 'Jesús Santrich', requerido por las autoridades internacionales por su presunto vínculo con una organización dedicada al envío de droga al exterior.
Según la procuradora, "son argumentos que en nada justifican la decisión que tomó el accionado para no presentarse el 20 de julio de 2018".
Así las cosas, lo que pudo establecer el Ministerio Público es que Márquez "actuó dolosamente. Él sabía de sus obligaciones y no las cumplió. Por esto solicita acceder a la solicitud de pérdida de investidura".
Con esta diligencia y escuchados los argumentos, el alto tribunal busca establecer si el exjefe guerrillero puede o no mantener su vida política como fue acordado, esto incluso sin saber de su paradero.
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