La Procuraduría General puso en marcha la Mesa de la Meritocracia en el Empleo Público y logró los primeros acuerdos para destrabar siete convocatorias que permitan proveer 14.000 vacantes en el Estado.

El procurador Fernando Carrillo Flórez instaló la mesa de la que hacen parte la Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y asiste como observador el Centro de Pensamiento de Evaluación y Meritocracia de la Universidad Nacional.

En la actualidad, de 16 convocatorias para proveer cargos públicos, 7 se encuentran suspendidas porque presuntamente no contaron con el aval de las entidades, situación que afecta más de 14.000 vacantes y a 252.748 inscritos.

Así las cosas, la Procuraduría, en cuatro sesiones de trabajo que ha tenido la Mesa de la Meritocracia en el Empleo Público, ha insistido en la obligación que tiene el Estado de dar estricto cumplimiento al mandato constitucional del mérito como principio fundamental para el ingreso y permanencia en el empleo público, y en la necesidad de reducir y controlar los contratos de prestación de servicios, que hoy ascienden a 243.427 en todo el territorio nacional, mientras se registran 360.705 cargos de planta.

Según datos de la Función Pública, en marzo de 2018 el número de vacantes en la Rama Ejecutiva a nivel nacional era de 35.265, mientras que a nivel territorial llegaba a las 135.405. Los cargos en provisionalidad sumaban en total 117.841.

Entre los acuerdos que ha logrado la mesa está la expedición de una circular conjunta entre la Función Pública y la CNSC, para esperar las decisiones que tomen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y unificar la jurisprudencia sobre la suspensión de las convocatorias y los nombramientos en periodo de prueba de quienes están en lista de elegibles.

“La comisión se comprometió en la mesa a no conminar a las entidades a efectuar los nombramientos, hasta tanto las altas cortes emitan una decisión de fondo que permita unificar criterios jurídicos para continuar con los procesos, y así evitar más traumatismos debido a la inseguridad jurídica que generan las posiciones diversas de los jueces de tutela”, dijo la Procuraduría.

Bajo ese entendido, el Ministerio Público solicitará a la Corte Constitucional la selección de una tutela, de las 458 presentadas por quienes se encuentran en lista de elegibles en firme y no han sido nombrados, para que unifique criterios acerca de la procedencia o no de nombrarlos.

En la mesa también se acordó que la CNSC presentará al Ministerio de Hacienda el cronograma de planeación con costos para efectuar las convocatorias de los cargos vacantes del nivel nacional para este cuatrienio, con el propósito de que el Gobierno Nacional revise la posibilidad de que los recursos sean girados directamente a la comisión.