La Procuraduría General de la Nación alertó sobre la falta de acciones diplomáticas por parte del Gobierno de Venezuela con los que se busca garantizar la protección de los ciudadanos venezolanos privados de la libertad en Colombia por diferentes motivos.

Esta advertencia la realizó el Ministerio Público tras un operativo realizado en cuatro cárceles y tres Unidades de Reacción Inmediata (URI) de Bogotá, en el que también se identificó que en estos centros se presenta un “alto” grado de vulnerabilidad en los servicios de salud que reciben 67 hombres y 20 mujeres.

Al percibir la inasistencia por parte del Gobierno venezolano, la Procuraduría exhortó al Estado adoptar un plan especial de trabajo que permita atender la situación de los venezolanos privados de la libertad.

Seguimiento a las condiciones que padecen en dichos centros, entablar acciones diplomáticas para garantizar los DDHH y diseñar una estrategia para prevenir y controlar los efectos de un incremento en la población reclusa de nacionalidad venezolana en los centros carcelarios y URIS del país son algunas de las conclusiones y recomendaciones que dejó la visita.

Desde el despacho del procurador se dio la orden de implementar una acción preventiva que le permitió a 12 procuradores judiciales y 12 personeros de Bogotá, entrevistar a 87 internos de nacionalidad venezolana recluidos en las cárceles La Modelo, La Picota, Distrital y El Buen Pastor, así como en las Unidades de Reacción Inmediata de Ciudad Bolívar, Usaquén y Engativá.

“Como resultado de la diligencia se evidenció la necesidad de que estas personas reciban un apoyo consular que propicie un mejor contacto con sus familiares, que en unos casos se encuentran en Venezuela, y en otros no tienen legalizado su estatus migratorio en el país”, dijo la Procuraduría.

El órgano de control solicitó que se faciliten los mecanismos necesarios para que estos ciudadanos puedan comunicarse de manera virtual con sus familiares en Venezuela, ante las dificultades que enfrentan para tener una llamada telefónica.

La Procuraduría también pidió a las autoridades penitenciarias mejorar la atención médica que actualmente se le brinda a esta población, pues la mayoría de los internos entrevistados señaló que, aunque son atendidos en medicina general, no han podido ser valorados por especialistas.  

Igualmente, manifestaron que no hay una dieta diferenciada para los internos que requieren una alimentación específica por sus condiciones de salud.

Entrevistas 

Las entrevistas se practicaron a 67 hombres y 20 mujeres. De esa cifra, 38 se encuentran recluidos en La Modelo, 18 en La Picota, 5 en la Cárcel Distrital, 20 en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, dos en la URI de Usaquén y cuatro a órdenes de la URI de Engativá, aunque permanecen recluidos en estaciones de policía de la localidad. La URI de Ciudad Bolívar no registra ciudadanos venezolanos.