El procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Gobierno de Nicolás Maduro desmontar la política sistemática de ataques en contra de la población colombiana en la frontera. 

En el documento radicado se solicitan medidas cautelares que protejan los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en frontera.

Ante el fracaso de la reunión de cancilleres de la OEA propuesta por el Gobierno colombiano, la Procuraduría argumentó su petición en denuncias documentadas sobre las graves vulneraciones a esos derechos, perpetradas por el Estado venezolano “como parte de una política sistemática de ataque contra la población en razón de su nacionalidad colombiana. Dicha política que ha sido diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro".

“En los últimos meses, y más concretamente, en las últimas semanas, dicha política de ataques escaló. Se han presentado cientos de deportaciones arbitrarias y colectivas de ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular o regular o con condición de refugio reconocida, por el solo hecho de ser nacionales colombianos o de origen colombiano, ejecutadas por parte del Gobierno venezolano a través de sus Fuerzas Militares en el marco de un estado de excepción decretado en diferentes municipios del estado Táchira, siguiendo una política de ataque sistemático decretada públicamente por el presidente Nicolás Maduro contra la población de colombianos que habita en la frontera binacional", dijo la Procuraduría.

Entre los ataques ya reseñados por el Ministerio Público están los desalojos de colombianos incluso estando legalmente en el vecino país, el desplazamiento forzoso, el sometimiento a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes y casos de abuso sexual contra mujeres colombianas y también de tortura con ataques contra la integridad física creando un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana.

Según la Procuraduría, de todo lo anterior se desprende que el Gobierno de Nicolás Maduro adoptó una política de persecución xenófoba que se traduce en la privación intencional y grave de los derechos humanos de los colombianos que se encontraban, y aún se encuentran, asentados en su territorio nacional. 

La Procuraduría anunció que espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actué a la mayor brevedad y evite que la crisis humanitaria se siga agravando, con alto costo para los derechos de miles de colombianos que viven en la frontera. 

*Bogotá | Colprensa