En comunicación enviada a la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, expuso las razones por las cuales el acuerdo en materia de Justicia Transicional anunciado por el Gobierno Nacional y las Farc sería un “pacto de impunidad” que no cumpliría con las exigencias establecidas por el Estatuto de Roma.

De acuerdo con la Procuraduría, dicha comunicación se realizó en cumplimiento de las funciones del jefe del Ministerio Público y en desarrollo del examen preliminar que la CPI realiza a la situación de Colombia y ante una eventual activación de su competencia frente a delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y otros crímenes atroces ocurridos en el país.  

“Lo pactado entre el Gobierno colombiano y las Farc establece un complejo entramado de organismos y de procedimientos que lo que buscan en realidad es sustraer de la responsabilidad penal, específicamente del cumplimiento de una pena de reclusión a agentes del Estado y a miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que hayan perpetrado crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, en los términos descritos en el artículo 17.2 del Estatuto de Roma”, señaló.

De acuerdo con el Procurador, “el Acuerdo no cumple los estándares internacionales de Justicia, a pesar de que con su adopción se simule un procedimiento genuino de rendición de cuentas por la comisión de crímenes internacionales”.

Los argumentos jurídicos presentados por la Procuraduría serían analizados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si el acuerdo entre Gobierno y Farc garantiza la aplicación plena de justicia o genera una situación de impunidad frente a los crímenes cometidos.

Para Ordóñez, en caso de que se adopte e implemente una Jurisdicción Especial ordene como sanción trabajo comunitario se invalida “el carácter genuino del procedimiento judicial y se podría activar la competencia de la Corte Penal Internacional”.

“Lo convenido en la Mesa de Conversaciones concreta la falta de voluntad del Estado y su incapacidad para proceder de manera auténtica en la investigación, el enjuiciamiento y la sanción, teniendo en cuenta que el vicio sobre una de tales etapas, en este caso puntual la sanción, afecta integralmente la autenticidad del procedimiento judicial (…) El acuerdo estimula la repetición de los crímenes atroces en Colombia y el surgimiento de nuevas víctimas, al dar a los grupos armados ilegales que permanecerán después de su firma la certeza de no ser objeto de penas de reclusión y al garantizarles así la impunidad por sus crímenes pasados, presentes y futuros”, agregó el jefe del órgano de control.

Durante las negociaciones en La Habana la Procuraduría General de la Nación ha insistido en que un “pacto de impunidad” en nombre de la paz provocará en el futuro la actuación de la Corte Penal Internacional contra miembros de las Farc, del Eln, así como de agentes estatales, militares y políticos comprometidos en crímenes internacionales.  

“El acuerdo de justicia en su conjunto no contribuye a impedir la impunidad y constituye un antecedente que la promueve frente a la solución de conflictos armados internos. No es consistente con el objetivo del Estatuto de Roma de terminar con la impunidad para los crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Por el contrario, enseña un camino para que los perpetradores actuales y futuros evadan la justicia”, agregó.

El Procurador concluyó su comunicación asegurando que “sería nefasto para la justicia penal internacional que con la excusa de un proceso de paz y de una particular concepción de ‘Justicia Transicional’, se estableciera en el mundo el precedente de que los responsables de crímenes internacionales no fueran objeto de procesos judiciales genuinos que incluyen necesariamente una pena adecuada y proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos”.

Colprensa