El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez formuló una serie de advertencias para evitar que se repitan “crímenes y excesos” de las Farc en las denominadas "zonas de ubicación", esto a raíz de la presencia de los negociadores de esa guerrilla en el corregimiento de Conejo (Guajira).

Las advertencias fueron remitidas a través de una comunicación enviada al presidente del Senado de la República, Luis Fernando Velasco, para que sean tenidas en cuenta en el Congreso, donde se decide una posible reforma a la Ley 418 de 1997, que permitiría la declaración de áreas para que los miembros de las Farc sean reubicados.

Para el Procurador “no existe precisión sobre para qué se crean tales zonas de ubicación”, en ese sentido Ordóñez pide que esas zonas no se asignen en regiones donde se desarrollen actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, o en lugares ubicados en la frontera.

“Tal y como aparece la norma, permitiría que bajo ese cambio de rótulo se repitiera la experiencia de ‘El Caguán’. Para evitarlo, se requiere incluir en el proyecto de ley que las zonas únicamente se podrán crear con el fin de implementar el Acuerdo Final y con el propósito exclusivo de llevar a cabo el desarme y la desmovilización del grupo”, señaló el procurador general en la misiva.

Ordóñez le expresó a Velasco que de no restringirse la creación de las “zonas de concentración” a la firma previa de un acuerdo final, las Fuerzas Militares y de Policía podrían verse en la obligación de brindar seguridad a la guerrilla, sin que se haya finalizado el proceso de paz.

Ordóñez Maldonado también aseguró que las propuestas de reforma a la Ley 418 de 1997 podrían brindar facultades al presidente de la República, para suspender las órdenes de captura contra los integrantes de las Farc.

“Tal y como está redactada la norma, los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, guerra y genocidio de las FARC, miembros del Secretariado,  gozarán de libertad absoluta a partir del momento de la firma del Acuerdo Final. No cumplirán las penas a las cuales han sido condenados y se dejan sin eficacia las condenas que se emitan aún después de la firma por la justicia ordinaria (…) Tal situación debe ser corregida por el Congreso, pues tiene los mismos efectos prácticos que la suspensión total de la pena y configura un primer paso en el camino a la impunidad”, indica la misiva enviada por el procurador General.

Las condiciones del procurador

En su carta el procurador le formuló al Congreso seis limitantes necesarias para la eventual reforma a la ley de orden público, es decir que en estas situaciones el Ministerio Público se niega a que las FARC ocupen terrenos.

“Existan asentamientos de población civil, en especial en aquellas zonas donde las personas hayan sido víctimas del grupo guerrillero”.

“Se desarrollen actividades económicas a las que se les pueda ocasionar un daño”.

“Se trate de territorios donde se lleven a cabo actividades de minería criminal”.

“Sean zonas de concentración de cultivos ilícitos, infraestructura para el procesamiento de coca y corredores para el tráfico de estupefacientes”.

“Estén ubicadas en franjas fronterizas, por razones de seguridad nacional”.

“Que comprenda áreas donde otros grupos armados ilegales delinquen y que podrían favorecerse con la parálisis de la Fuerza Pública”.

*Bogotá | Colprensa