El proceso que la Fiscalía tiene contra el general (r) Mauricio Santoyo Velasco por concierto para delinquir y la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Ángel José Quintero Mesa, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos (Asfaddes), quedó en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz. 

Con esta declaratoria será el tribunal quien juzgue y sancione, de ser el caso, al excomandante del Gaula Medellín por los cargos mencionados. El expediente indica que el caso de Quintero Mesa y Monsalve Pulgarín fue “producto de una persecución sistemática por parte de las AUC, en asociación con agentes de Estado”. 

La última vez que vieron a Quintero y Monsalve fue el 6 de octubre del año 2000 en un bar de nombre Balcones de la Playa, ubicado a 150 metros de la estación del Metro Parque Berrío en Medellín. El proceso señala que ambos fueron obligados a subir a un vehículo gris que era escoltado por una moto negra. 

Santoyo fue notificado de la boleta de captura en su contra el 29 de abril del año pasado una vez pisó suelo nacional tras permanecer detenido en Estados Unidos a donde llegó extraditado en 2012 por cargos relacionados con tráfico de drogas en asocio con la que se conocía como la ‘Oficina de Envigado’ y con facciones paramilitares, hechos que ocurrieron, de acuerdo con el proceso de las autoridades estadounidenses entre 2000 y 2008. 

Santoyo, además, es recordado porque fue el jefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez durante su presidencia. 

Dice también la Fiscalía especializada contra violaciones de derechos humanos que Santoyo Velasco “celebró un acuerdo societario con un aparato criminal para el cual puso a disposición el servicio por él desempeñado, convirtiendo el Gaula urbano en un centro de interceptación de llamadas que puso al servicio de los grupos paramilitares para la comisión de delitos”. 

En el análisis del caso que hizo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas se consideró que la JEP tiene competencia material para conocer los presuntos delitos cometidos por el alto oficial en razón del conflicto armado y datan de hechos supuestamente perpetrados antes del primero de diciembre de 2016. 

“La Sala de Definición ordenó que, en 10 días hábiles, el general en retiro suscriba acta de sometimiento ante la Jurisdicción. Sin embargo, la Sala no le concedió los beneficios de libertad transitoria ni la revocatoria de la medida de aseguramiento ni el beneficio de la libertad en unidad policial, dado que en ninguno de los casos ha cumplido con los requisitos ni el mínimo de privación de la libertad exigido por la ley”, dice el reporte de la JEP.

Añade la providencia del tribunal de justicia transicional que la Sala de Definiciones Jurídicas puede inferir que las Autodefensas, puntualmente el bloque Cacique Nutibara, desarrollaron un plan dirigido en contra de defensores de derechos humanos y miembros de la Unión Patriótica señalados de tener nexos con las Farc y que en la ejecución de ese plan la participación de Santoyo consistió en ordenar las interceptaciones ilegales de las personas declaradas como objetivos militares para vigilarlas y seguirlas.