El próximo jueves iniciarán por fin las conversaciones públicas entre el Gobierno Nacional y el Eln para construir un acuerdo de paz. Esto después de siete meses en los que se planteó como condición la liberación de secuestrados, la cual se cumplió de manera parcial y en medio de una renegociación de los acuerdos con las Farc.

La fase pública que inicia consistiría en un primer ciclo de seis semanas según ha dicho Frank Pearl, en donde los representantes de las dos partes plantearán sus propuestas sobre una agenda de seis puntos en Quito, Ecuador.

Pero este proceso empieza como inició el de las Farc, en medio de la incertidumbre por saber qué alcance tendrá y cómo funcionará. Por ello, ante las dudas se intenta buscar respuestas con la referencia más cercana que se tiene hasta el momento: el  proceso de La Habana. Incluso, las coincidencias entre los dos procesos, será un punto por abordar.  

“Estamos en un momento político en que los tiempos no dan para hacer un proceso muy largo, y básicamente lo que decidimos en el punto 3C de funcionamiento, es que las delegaciones definirán los temas en los cuales hay coordinación y sincronía con la agenda o el acuerdo de La Habana”, dijo Pearl durante los últimos días.

Según el negociador, lo que se quiere hacer es que las Farc y el Eln queden en “un solo marco jurídico”, y lo más seguro es que se tengan como referentes los puntos ya acordados en La Habana, pero las diferencias persisten, no solo porque son guerrillas que desde sus orígenes se han destacado por sus diferentes enfoques, sino por el momento de cada proceso.

Sobre esa diferencia ha hablado Piedad Córdoba: “Yo creo que lo más importante es que se comience el diálogo, y creo que ellos ya conocen muy bien el acuerdo. Seguramente habrá cosas en las que tengan coincidencias pero creo que hay que respetar la autonomía de los procesos”.

Y en eso coincide Frédéric Massé, profesor de la Universidad Externado de Colombia y Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales, quien señala que no se puede llegar a imponer.

“No pueden llegar a las negociaciones con el Eln a decir: ‘Esto es lo que negociamos con las Farc, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo?’”, dice.

Sin embargo, aunque se presenta como un problema la agenda no tan pragmática del Eln, Massé la señala como una oportunidad para poner al menos sobre la mesa las ideas del acuerdo firmado en Cartagena.

“La ventaja es que la agenda con el Eln tal y como se había acordado en marzo de este año es suficientemente amplia para que haya un margen de maniobra para negociar un poco lo que quieren”, dice, sin dejar de mencionar que por eso también “va a ser un poco difícil que se aterricen esos temas”.

Sin saber cómo participará la sociedad no se puede decir mucho

Ariél Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, no duda en afirmar también que en definitiva los procesos serán distintos, pero aclara que realmente es muy poco lo que se puede decir al respecto hasta que se defina con claridad la participación de la sociedad.  

“El proceso con el Eln va a ser muy diferente al de las Farc, es mejor no compararlos porque no va a ser la misma dinámica. Por ejemplo, el Eln tiene un componente de mesa social que son los primeros tres puntos. De ahí no es claro qué y cómo es la mesa social, quiénes van a ir, quiénes van a ser elegidos, cuántas mesas departamentales, cuántas mesas nacionales o si van a ser mesas temáticas, si las decisiones van a ser vinculantes o no”, afirma.

Y esas respuestas sobre cómo funcionará la mesa social que será la encargada de enviar los insumos a Quito, se espera, se darían con este primer ciclo y con ellas se lograría identificar el alcance de la participación de la sociedad en este proceso, que es la principal diferencia con las Farc.

“Lo que tenemos que pedirle al Eln y al Gobierno  es que nos den claridad sobre el método y cómo va a funcionar la mesa social, pero no se va a parecer para nada a la de las Farc”, dice Ávila, agregando que aunque no será el primer tema de discusión, el marco jurídico del Eln tiene que ser el mismo.  

Esa posición de amplia participación de la ciudadanía, explica el profesor Massé, tiene que ver con que el Eln se considera un tipo de “mensajero” de la sociedad civil y no un representante, pero también da a entender que en esa participación debe haber límites.

“Yo no sé si la sociedad tendría que opinar sobre el tema de Justicia Transicional: por un lado hay un espacio técnico en el que es muy frágil, por otro lado sabemos que los que votaron por el ‘No’, parte de los argumentos que tenían era un rechazo al esquema que se había acordado con las Farc en términos de Justicia Transicional”, dice Massé.

Lo cierto es que de alguna manera hay que hacerlos coincidir, pues agrega: “Sería raro tener dos sistemas de Justicia Transicional, dos sistemas de participación política; que se acepten curules para las Farc y ninguna para el Eln. Hay varias preguntas que quedan pendientes”.

Así pues, el nuevo proceso de paz inicia en medio de la participación de la sociedad civil y la intención y necesidad de que coincida con el de las Farc.