Un gran porcentaje de los 5 billones de pesos que el Gobierno Nacional destinó para el sector de salud durante marzo de este año, sí están llegando a los prestadores de servicios del país.

Así lo reveló la Superintendencia a través del primer informe sobre flujo de recursos de las EPS, el cual evidencia que de los 5.1 billones que se han girado a 35 EPS, unos 4.1 billones se han destinado a saldar deudas con IPS y proveedores.

El informe corresponde al análisis sobre el destino de los dineros girados por las entidades responsables de pagos de salud, el cual muestra que los recursos fueron utilizados principalmente para cubrir obligaciones con la red de servicios y proveedores.

Es el mismo informe al que se comprometió el Superintendente Fabio Aristizábal Ángel, durante una citación de control político en la Comisión VII del Senado, convocada para verificar el uso que se les ha dado a los recursos en el sistema de salud en época de pandemia y la implementación de los controles para la entrega de equipos de bioseguridad al personal de salud.

Los reportes de información que han hecho 35 EPS evidencian que durante este periodo les han ingresado $5,1 billones correspondientes a ingresos corrientes y anticipos de presupuestos máximos que les ha hecho el Gobierno Nacional a través de la ADRES.

Según el informe preliminar de la Supersalud, las EPS destinaron $1 billón para inversiones, $1.300 millones para su caja corriente y pagaron un total de $4,1 billones. De esta última suma, el 60% fue para IPS privadas o mixtas, el 17% para IPS públicas y el 23% se destinó a otros proveedores, incluidos los profesionales independientes, los prestadores con objeto social diferente, transporte especial de pacientes, proveedores de insumos y medicamento, así como el gasto administrativo.

Vea También: Supersalud exige a 6 EPS resolver casos que han arriesgado vida de usuarios

El máximo órgano de control del sector salud también caracterizó la distribución de los recursos que recibieron las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud – IPS ($3.1 billones), identificando que de estos el 30% corresponden a IPS habilitadas en diferentes departamentos, el 12.5% se destinan a IPS que se encuentran habilitadas en Bogotá, seguida por Antioquia (10.9%) y Valle del Cauca (9%), y el 37.6% restante distribuido en los 30 departamentos restantes, esto debido a que el giro de los recursos están relacionados con la capacidad de infraestructura hospitalaria, donde hay mediana y alta complejidad que concentran la prestación de servicios de salud.

Vigilancia a los dineros

Por otro lado, Aristizábal Ángel aseguró que la Supersalud viene haciendo seguimiento tanto a la implementación de medidas expedidas por el Ministerio de Salud como a la información publicada por Adres con respecto a la concentración de giros, para emitir las alertas ante una presunta desviación o concentración de recursos.

De forma complementaria al análisis de las cifras reportadas, el funcionario señaló que la circular externa 008 de 2020, expedida por su despacho a mediados de abril, ha permitido fomentar la transparencia de las cifras y los destinos de los recursos que administran las EPS, las cuales están obligadas a reportar toda su política de pagos en los primeros cinco días de cada mes.

“Las instrucciones que les dimos con esta circular nos permiten evaluar cómo se están aplicando los recursos, en que se están gastando, cómo se están girando y cuáles son sus saldos a la fecha”, señaló. En este sentido, dijo, se han ordenado medidas cautelares para que los responsables de pago den las respuestas correspondientes.

Advirtió que de las 37 EPS objeto de este análisis, dos de ellas (Comparta y AIC) no reportaron información a la Supersalud, razón por la cual se está evaluando una eventual investigación administrativa. Esto también se llevará a cabo con las EPS que reportan información de forma inoportuna, es decir fuera de los tiempos establecidos, y de baja calidad.

“Sancionaremos a los responsables de no entregarnos la información porque hay algunos gerentes que no cumplen las instrucciones impartidas, y vamos a generar las investigaciones a que haya lugar contra los representantes legales y las juntas directivas”, agregó Aristizábal Ángel.