Hoy el presidente Juan Manuel Santos promulgó la Ley de víctimas de ataques con ácido y agentes químicos. En esta nueva normatividad se establece este tipo de ataque como un delito específico, con penas fuertes que corresponden a su gravedad.

De acuerdo con la ley sancionada por el mandatario, la pena para los responsables de ese delito sube de 150 a 240 meses de prisión si la conducta es simple; de 251 a 360 meses de prisión si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima; y se aumenta la pena hasta en una tercera parte si la conducta conlleva deformación del rostro.

La norma prevé que el homicidio agravado (cuando la conducta sea cometida con sevicia) y las lesiones causadas con ácido no gozarán de los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena, de prisión domiciliaria, y de ningún otro de carácter judicial o administrativo.

También la norma le notifica al Gobierno que tiene seis meses para diseñar y poner en marcha una política pública integral a las víctimas de ataques garantizando el acceso a la atención médica y sicológica integral.

Precisamente, el jefe de Estado le pidió a Natalia Ponce, sobreviviente de este flagelo, que le ayude, junto con otras víctimas a diseñar y poner en marcha esa política integral de atención a las víctimas de los ataques con ácido.

La ley incluye las sustancias corrosivas dentro del delito de tenencia, fabricación y tráfico de sustancias peligrosas, para atacar a toda la cadena delictiva y obliga al Instituto Nacional de Medicina Legal a brindar toda la información a los médicos tratantes, para facilitar la atención a la víctima.

“En resumen, lo que se logra con esta ley es combinar medidas y articular instituciones para enfrentar, de la mejor forma posible, este ataque a la integridad humana.

Por su parte, Natalia Ponce, quien luego de cerca de 20 cirugías reveló su rostro sin la máscara que usaba, manifestó que confía en que la nueva ley reduzca este tipo de ataques que, según el Gobierno, ha afectado a 628 personas en los últimos años.

“Subir las penas ya hace pensar a la persona que va a cometer ese delito, y a pagar una pena de 30 ó 50 años hace pensarlo dos veces. Pienso que sí ayuda, además restringir la venta de esos ácidos es un avance muy grande para Colombia y sé que esto va a cambiar y se van a reducir los ataques con ácido en Colombia", indicó Natalia.

Colprensa