Tras casi un año y medio de estar trabajando en el tema, el gobierno y las Farc presentaron este domingo en La Habana las bases del acuerdo en el tema de inclusión de género tanto para mujeres como a la población diversa.

El evento contó la presencia de la directora ejecutiva de la ONU para la Igualdad de Género y Empoderamiento, Phumzile Mlambo-Ngcuka, como también la representante especial del secretario general de la ONU para la Violencia Sexual, Zainab Bagura.

Las dos delegadas del organismo destacaron la importancia que tiene para el proceso de paz y para el mundo este acuerdo, porque da el valor a las mujeres y la población diversa.

Las partes, en documento pactado, indicaron que “esta perspectiva es un tema de igualdad. No se trata de sobrevalorar poblaciones específicas, sino que en la implementación del Acuerdo General y en el desarrollo de los programas de construcción de la paz, hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales y personas con identidad diversa, participen y se beneficien en igualdad de condiciones”.

Gobierno y Farc consideran que “la visión en materia de género va más allá de un cambio en el lenguaje, que debe ser incluyente y no sexista. Se trata de abordar de manera concreta en varios de los temas de los acuerdos, los problemas de fondo de las mujeres en el campo, en la participación política, en el impacto que tiene sobre ellas la violencia causada por el flagelo de las drogas ilícitas, de sus problemas como víctimas y de los riesgos que han enfrentado en el conflicto y los que podrán enfrentar en una etapa de post conflicto”.

Respecto al primer punto de la agenda ya acordado, el tema del agro, se informó que se incluyeron medidas para observar las necesidades específicas de las mujeres, como el acceso especial de las campesinas al fondo tierras, al subsidio integral y al crédito especial para la compra de tierras.

También se plantean medidas específicas para lograr la formalización de la propiedad en igualdad de condiciones, se privilegió también el acceso a proyectos de economía solidaria y se incluye una perspectiva de género en el plan nacional para la comercialización de la economía campesina, familiar y comunitaria, promoviendo la autonomía económica y la capacidad organizativa de las mujeres rurales.

En temas de educación se acordó el acceso a becas con créditos condonables e incremento progresivo de los cupos técnicos, tecnológicos y universitarios en las zonas rurales.

Para el punto de la participación política, en la subcomisión se pactó introducir medidas para facilitar el ejercicio del derecho a la participación de las mujeres en las instancias que aborden el tema de garantías para la oposición, asistencia legal y técnica para la creación, promoción y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales de mujeres, jóvenes y población LGBTI.

Anunciaron la realización de una Campaña Nacional de Cedulación Masiva, con prioridad en las zonas marginadas de los centros urbanos y en las zonas rurales, particularmente en las más afectadas por el conflicto armado.

Pactaron que en el Programa Nacional Integral de Sustitución se incorporará a las mujeres como sujetos activos de los procesos de concertación en la sustitución voluntaria, reconociendo su rol en los procesos de desarrollo rural.

Acordaron que para las mujeres que entren en los planes voluntarios de sustitución de cultivos de uso ilícito, se prevén medidas de atención inmediata para garantizar su sustento.

Gobierno y Farc planean que dentro de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, se contará con un equipo de investigación especial para casos de violencia sexual. Para estos hechos, se obliga a atender las disposiciones especiales sobre práctica de pruebas en la materia incluidas en el Estatuto de Roma.

En relación con los delitos en los que las mujeres se han visto afectadas de manera específica y grave, como el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, así como la sustracción de menores de edad, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños y niñas, se determinó que no serán amnistiables.

Bogotá | Colprensa