En una misiva de dos páginas dirigida al presidente Iván Duque, más de 20 europarlamentarios le manifestaron al jefe de Estado su preocupación respecto a las acciones de vigilancia y seguimientos ilegales efectuados por el Ejército Nacional, sumado a los asesinatos de líderes sociales y las graves vulneraciones a los derechos humanos en Colombia.

El documento firmado por ‘European Parliamente’ expone que si bien en este momento la atención está centrada en la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, la organización le puso la lupa a los casos en los que se han violado los derechos humanos.

“Nos sumamos a los numerosos y explícitos mensajes de inquietud manifestados por relevantes personalidades colombianas pertenecientes a familias políticas diversas, y le trasladamos nuestra extrema preocupación por las recientes noticias relativas a la existencia de archivos de inteligencia, que serían el resultado de acciones de vigilancia y seguimientos aparentemente ilegales, efectuados por el Ejército Nacional de Colombia a, al menos, 130 personas”, señaló el documento.

Cabe mencionar que los parlamentarios tienen conocimiento de lo que ha ocurrido durante los últimos meses en el sector defensa, en el que su nombre ha estado enlodado por cuenta de supuestas interceptaciones ilegales adelantadas desde la unidad de Inteligencia y Contrainteligencia.

“Nos preocupa también que otras organizaciones defensoras de derechos humanos como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, denuncian la existencia de otras bases de datos en los que se incluyen a otras personas que también están siendo objeto de inteligencia militar ilegal”, reposa en el documento que recibió Duque.

Para los parlamentarios es importante mencionar que las actuaciones conocidas en el país demuestran debilidad y por ende una serie de inquietudes respecto de las políticas de defensa y doctrinas militares que existen dentro de sectores de la Fuerza Pública.

“En nuestra opinión, estas actuaciones afectan gravemente el orden constitucional y democrático en el país y más en un contexto de altísima militarización de los territorios y en medio de una pandemia mundial”, expusieron.

Bajo ese entendido, la preocupación de los parlamentarios hizo que se sumaran al pronunciamiento de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia que ha resaltado que la Inteligencia debe usarse para proteger los derechos humanos y no para su vulneración.

Por ello, “confiamos también señor Presidente, que Usted como máximo Comandante de la Fuerza Pública, tomará todas las acciones necesarias para esclarecer esta lamentable situación, sancionar a los máximos responsables de estos delitos y garantizar la no repetición de estos hechos”.

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Los defensores

Además de los denominados perfilamientos, los parlamentarios también trajeron a colación cifras del Programa Somos Defensores, quienes revelaron que, entre enero y marzo de 2020 hubo 62 asesinatos de personas defensoras, y se ha alertado del incremento del riesgo de estas y sus familias debido a las medidas de confinamiento, ya que son más fácilmente
ubicables por sus victimarios.

“Nos han llegado denuncias de ataques e incluso de dos masacres de familias de líderes sociales en el Cauca. Ante esto, nos preocupan las afirmaciones de las organizaciones de derechos humanos respecto a que la respuesta del Estado ha sido insuficiente y que en algunos casos incluso se les han disminuido las medidas de protección estatales”, expusieron en el documento.

Los parlamentarios consideraron que las declaraciones realizadas por la Ministra de Interior, equiparando asesinatos de personas defensoras, con robos de celulares ponen en duda la intención del Gobierno de actuar de forma contundente para prevenir nuevos asesinatos.

Dijeron los parlamentarios que tienen conocimiento que la situación de conflicto armado persistente en los territorios sigue causando desplazamiento forzado, asesinatos selectivos, masacres, presuntas ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

“Es preocupante que las comunidades en zonas como el Chocó, Pacífico, el Cauca, el Bajo Cauca, el Sur de Córdoba y el Catatumbo, estén enfrentando las consecuencias de la violencia armada además de las dificultades por consecuencia de la crisis de la COVID-19”, dijeron en el documento.

Los firmantes de la carta consideraron necesario que se tomen medidas adicionales para detener la violencia relacionada a los enfrentamientos con y entre otros grupos armados y, en particular, que se implementen las medidas recogidas en del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, respecto al desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, como garantía para la protección de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en las zonas más afectadas por el conflicto.

“Pensamos que es urgente que se tomen las medidas necesarias para evitar que siga aumentando el número de 190 asesinatos de excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz. Para nosotras y nosotros, la implementación de los acuerdos, es una prioridad en nuestra relación con Colombia y ante esto, nos sorprenden las declaraciones hechas por algunos gobernantes locales y voces desde el partido del actual Gobierno, que han solicitado reubicar recursos para la implementación del Acuerdo y destinarlos a medidas contra la COVID-19, expusieron.

Así las cosas, desde el Parlamento Europeo consideraron como preocupante que los fondos destinados para la paz sean utilizados con otros fines.

“Por este motivo las y los eurodiputados firmantes, queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo colombiano en este momento de incertidumbre global, y llamar al gobierno colombiano a que todas las medidas de prevención contra la pandemia y sus acciones posteriores se lleven a cabo en el total respeto de los derechos humanos y de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de construcción de paz”, dijeron en el documento.