En una columna de opinión, la periodista Vicky Dávila, dice que el procurador Fernando Carrillo, debió haberse declarado impedido para adelantar investigaciones contra el Grupo Aval, por haber tenido contratos con esas empresas antes de haber asumido como procurador.

En su columna de la revista Semana Dávila denuncia que el procurador Fernando Carrillo aún era parte de la nómina de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo cuando fue designado como jefe del Ministerio Público. Las cuentas de Dávila señalan que la dimisión al cargo en la empresa privada fue el 9 de diciembre de 2016 y Carrillo fue designado en el ente de control el 27 de octubre de ese año.

Así las cosas, cabe precisar que asumió las riendas de la entidad en enero de 2017, es decir un mes después de que presentó su renuncia.

En el texto titulado ‘El vendedor de Sarmiento’, la columnista sostiene que partiendo de esas fechas “Carrillo está impedido para conocer sobre cualquier proceso en el que tenga intereses Sarmiento, el hombre más rico de Colombia”.

Según la teoría de Dávila, el actual procurador no puede conocer acerca de los procesos que se han adelantado en contra del proyecto Ruta del sol II en el que la organización del hombre más rico tenía intereses a través de su filial Corficolombiana, cuyo expresidente José Elías Melo fue hallado culpable de los sobornos que se gestionaron a través de Odebrecht para que se quedaran con el millonario contrato.

Agrega Dávila en su escrito que “el elegido procurador, aún sin posesionarse en el cargo, alcanzó a cobrarle cuatro quincenas más a su jefe, por un valor de 178 millones de pesos; en total, su contrato fue de 1.112 millones de pesos aproximadamente”.

El objeto del contrato entre Carrillo y la organización estaba relacionado con una serie de funciones que se debían desarrollar alrededor de los locales de un centro comercial llamado El Edén.

Por ahora no hay pronunciamiento por parte de Carrillo ni del ente de control disciplinario frente a este tema.