La Fiscalía General de la Nación anunció el miércoles las primeras determinaciones por la probable comisión de delitos en la contratación y adjudicación de las obras del proyecto Hidroituango.

El titular del ente acusador, Néstor Humberto Martínez Neira, explicó que las investigaciones avanzan en dos ejes: uno, por daños ambientales; y dos, por el proceso de contratación de la hidroeléctrica, línea que denominó “el pecado original de Hidroituango”.

La Fiscalía, señaló Martínez, identificó presuntas inconsistencias desde el inicio del proyecto, tales como anomalías en la fase precontractual y supuestas deficiencias en la celebración de los contratos, estudios de diseño y ejecución de la obra.

En consecuencia, el fiscal anunció que imputará cargos por la probable comisión del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango S.A. y a Luis Javier Vélez Duque, gerente de la filial EPM Ituango, ambos titulares para la fecha de los hechos (2010).

La audiencia de imputación se realizará en Medellín y será programada por el centro de servicios judiciales.

En relación con una segunda hipótesis investigativa en estudio, adelantada por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, la Fiscalía citará a interrogatorio seis exmiembros de junta y dos exgerentes.

Se trata de los exmiembros de junta directiva, Álvaro Villegas Moreno, Ana Cristina Moreno Palacios, Hugo Alejandro Mora Tamayo, Juan Felipe Gaviria Gutiérrez, Jesús Arturo Aristizábal y Maximiliano Valderrama Espinosa; así como a Luis Javier Vélez Duque, en calidad de gerente de la filial EPM Ituango, y Juan Esteban Calle Restrepo, exgerente de EPM.

Estas diligencias se cumplirán desde la próxima semana.

2010, el año clave

Durante su exposición de motivos, Martínez Neira hizo un recuento histórico desde enero de 2010, cuando la sociedad Hidroituango, propietaria del proyecto, convocó a una subasta para entregarle al mejor postor la construcción, hasta agosto del mismo año cuando la sociedad y EPM acordaron que esta última construyera, operara, mantuviera y transfiriera la central, figura conocida como contrato Boomt, por sus siglas en inglés.

Expuso el fiscal que el 17 de noviembre de 2009 la sociedad hizo la primera invitación pública internacional para la construcción de la central. A la primera etapa precalificaron siete empresas: cuatro brasileñas, una china, una coreana y EPM. Luego continuó el proceso y se entregaron los términos de referencia preliminar.

Martínez Neira sostuvo, sin embargo, que el 9 de junio de 2010 se frenó el proceso de oferta pública internacional.

“Se hizo la convocatoria y, en medio del proceso, se suspende abruptamente para iniciar una negociación directa, no concurrente, no de libre competencia, con EPM (...) Fue una selección unívoca para la construcción del proyecto”, afirmó Martínez.

“Por causas regionales”

El 30 de marzo de 2011, finalmente, se firma el contrato Boomt que comprometió a EPM Ituango, entonces filial de EPM, a financiar y construir el complejo. Según el cronograma, la primera unidad debería encenderse en 2018.

“Como se dispone que la hidroeléctrica no saldrá a licitación internacional, se le manda una carta a los seis operadores que habían preclasificado. EPM, por consideraciones regionales, como se le informó a los precalificados, terminó siendo el contratista, asignado a dedo para llevar a cabo esta macro obra civil”, dijo Martínez.

El fiscal anotó que de este proceso se desprende que hubo “incumplimiento” de los principios de transparencia; selección objetiva, porque “no hubo libre concurrencia”; y tercero, “no hubo libre competencia buscando el socio estratégico y excluyendo por razones locales, a competidores extranjeros, lo cual vulnera tratados internacionales que ha suscrito Colombia”.

La respuesta de EPM

En relación con las determinaciones judiciales anunciadas por la Fiscalía General, EPM indicó miércoles en un comunicado de prensa que “ha actuado de manera transparente y en el marco de lo que permite la ley”. Asimismo, dijo que reitera su disposición “permanente” para colaborar con la Fiscalía en su proceso investigativo, y con los entes de control en los requerimientos que tengan frente a Hidroituango.