Con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) todos los organismos de control han hablado y actuado, pero los resultados no son los esperados.

En la justicia, por más investigaciones que se anunciaron en los últimos años, el balance de condenas por estos casos de corrupción permite concluir que con el PAE, la justicia está con hambre.

La Fiscalía General de la Nación, respondiendo a un derecho de petición enviado por EL COLOMBIANO, mostró un panorama de los resultados finales: solo dos condenas frente a los procesos que se adelantan desde 2016, a través de la estrategia llamada Bolsillos de Cristal, que lideró el saliente fiscal Néstor Humberto Martínez.

¿Pero, por qué son tan pequeños los resultados, si es un problema que afecta a todo el país? Juan Fernando Londoño, experto en contratación pública y analista sobre fenómenos de corrupción, señala que hay varios factores que influyen en estos resultados.

¿Cuáles?

Lo primero tiene que ver con la congestión judicial, que no permite que los procesos se adelanten con la celeridad estimada. Lo segundo, para él, “es que organismos como la Fiscalía se preocuparon por otros asuntos, más mediáticos, como las críticas al proceso de paz, que fue uno de los asuntos que más cuestionó el fiscal Martínez antes de salir del organismo”.

Sobre los resultados, la fiscal nueve Delegada ante los jueces municipales, Bellarmine Cabrera Rubiano, señala que como resultado de la actividad investigativa de la Fiscalía en contra de la corrupción en el PAE, “se ha dictado sentencia condenatoria a dos personas”, como ya se dijo, pero específica que estos casos se dieron “en la Dirección Seccional Santander”.

Este caso tiene que ver con la condena, a 36 meses de cárcel y el pago de una sanción de 562 millones de pesos, contra Germán Trujillo Manrique, conocido como el “Zar del PAE”.

La Fiscalía lo acusó de los delitos de falsedad ideológica en documento público y privado, peculado y contrato sin cumplimiento de les requisitos legales.

No es el único caso conocido. Vale la pena recordar, por ejemplo, las pechugas de pollo a 20.000 pesos en Bogotá, o la empresa que, siendo una ferretería, se ganó el contrato para la alimentación escolar en Cartagena, como lo contó este diario el 27 de noviembre de 2017, dejando en evidencia diversos sobrecostos de los productos.

En ese entonces, la Contraloría señaló que “el contratista justificó la ejecución financiera del contrato, y recibió pago del Distrito de Cartagena, que finalmente impactaron o incrementaron el valor”.

¿Y entonces?

Lubar Chaparro, profesor de Economía de la Escuela Superior de Administración Pública (Esap), sostiene que “hay un problema estructural en los órganos de control” y no solo sucede en la justicia.

Su razón, “hay grandes intervenciones, anunciando aperturas de investigación o posibles actos de corrupción, pero después de eso no pasada nada”, señala el docente, haciendo referencia en que las investigaciones no trascienden. Además, destaca que la situación, tanto de Contraloría, como de Fiscalía y Procuraduría, es que actúan de acuerdo con la necesidad de dar un golpe mediático.

“Los tres órganos están mediatizados y nos quedamos solo en presuntos, lo que afecta la percepción de la ciudadanía, que se queda pensando que todo el Estado es corrupto, aunque no se puede negar que hay corrupción en diferentes sectores”.

Frente a esto, Londoño manifiesta que, en el caso de la Fiscalía, por ejemplo, “no hay una decisión de priorizar ese tipo de temas”, aunque reconoce que la “ineficiencia de la justicia no es algo nuevo”.

Londoño expresa que además de no ser priorizados, “también refleja que la voluntad y decisión política de quien esté al frente de la Fiscalía” marca el camino sobre los casos que se deben investigar.

¿Qué se debe hacer?

Ambos analistas coinciden en que debe haber un seguimiento más riguroso y que los procesos de recolección de pruebas sean más precisos.

El docente de la Esap, sobre esto, recuerda lo que sucedió la semana anterior, relacionado con el caso Nule, en el que se cayó una sanción de 236.000 millones de pesos como motivos de reparación al Distrito de Bogotá, por el hecho de que “un problema procesal probatorio”.

Londoño, por su parte, acusa “amiguismos políticos” para no avanzar en las investigaciones contra la corrupción en el programa para alimentar a los estudiantes colombianos. “Con el PAE, si se da cuerda, lo que termina mostrando es un montón de relaciones políticas corruptas en los territorios”.