Ante el Juzgado 37 con función de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación aseguró que los policías detenidos por el crimen del docente Francisco Javier Ocampo Cepeda lo habrían ejecutado en estado de total indefensión el 4 de agosto de 2013 en el barrio El Limonar de Cali.

De acuerdo con la Fiscalía, la muerte se escenificó tras presentarse varios hechos. Primero, que el profesor se negó a someterse a una requisa, que hubo un cruce de disparos en el que falleció el patrullero Olmer Oliverio Blanco Barrera y quedó herido otro más, que la Policía dijo que quien disparó fue el docente y que los policías le habrían dado una paliza a Ocampo Cepeda luego de que este se lanzara a una zona verde.

En ese sentido, la hipótesis de la Fiscalía es que fue otra persona y no el profesor Ocampo Cepeda, como había dicho la Policía inicialmente, quien disparó. 

“Otra persona, distinta al profesor, es quien enfrentó a la Policía que causa la muerte del patrullero. Esa persona no fue capturada. Se deshizo el arma de fuego, la cual fue encontrada por los policías”, dijo el fiscal 154 de la Unidad de Derechos Humanos de Cali, Aurelio Arévalo.

“Exaltados los policías por tener dos uniformados heridos en el sitio en donde se encontró una gran cantidad de vainillas (...) seguido por la no ubicación del sujeto que portaba la pistola Tauros, deciden los policías de común acuerdo aprovecharse de la situación de inferioridad e indefensión a que fue llevado el profesor con la paliza y el golpe contundente en el lado izquierdo de la cabeza, cuando ya estaba en la zona verde donde se lanza para protegerse”, señaló el fiscal.

De acuerdo con el fiscal Arévalo, hubo un acuerdo implícito entre los uniformados para “legalizar al profesor, para hacer parecer que fue quien se enfrentó con la pistola Tauros hiriendo a dos policías, con el agregado que el civil evitó ser procesado”.

“Entonces vienen y ejecutan su muerte propinándole cinco disparos en su humanidad, en total estado de indefensión, en cabeza, tórax, abdomen y miembro superior izquierdo”, enfatizó el fiscal al agregar que los uniformados tuvieron que trasladar a Ocampo Cepeda desde esa zona verde.

“Lo alojan en una especie de hueco para ir cuadrando una escena, en el propósito de hacer creer que el profesor, por el solo hecho de evitar una requisa, empezó a disparar y se atrincheró en un sitio desde donde seguía disparando”, relató el fiscal.

El fiscal indicó que la pistola Taurus con la que se habría disparado al patrullero, se entregó a las 9:00 de la mañana del día siguiente, cuando los hechos ocurrieron sobre las tres de la tarde, y que una semana después se plantaron en la escena elementos del profesor como un carné y unas gafas, hechos que fueron identificados por el CTI de la Fiscalía.

La imputación

La Fiscalía imputó al capitán Bruno Yesid Lozano Bohorquez y a los patrulleros Jesús Clemente Muñoz, Johan Felipe Ortíz Restrepo, Jhonatan Areiza Caicedo, Elkin Fabián Contreras y James Madrid Valenzuela los delitos de homicidio agravado y de ocultamiento y alteración de la escena del crimen por la muerte de Ocampo Cepeda y del patrullero Blanco en calidad de coautores.

“Estaba en situación de indefensión, era un docente reconocido en la ciudad de Cali”, dijo Arévalo, quien insistió en que estos patrulleros “actuaron con dolo y con división de trabajo”.

La Fiscalía igualmente le imputó los delitos de favorecimiento del homicidio y ocultamiento y alteración de la escena del crimen al coronel William Eduardo Sánchez, actual subcomandante de la Policía de Bogotá, el mayor Óscar Alberto Rojas, el teniente coronel Carlos Andrés Mora Cerón y los patrulleros Juan Esteban Caro Zapata, Alexánder Morales Reina, Héctor Alexander Giraldo Castrillón y Mario Velandia Rodríguez.

El fiscal señaló que fue el coronel Sánchez Roa, entonces comandante de Policía del Distrito de Aguablanca, “quien dio la orden de mover el cuerpo al teniente Lozano a un hospital (estando ya muerto). Con esta orden se logró oscurecer, perturbar y entorpecer los hechos”.

“Conocen de primera mano el homicidio y acuerdan favorecerlo para que con sus versiones distorsionen la ilicitud de la conducta”, dijo el fiscal al indicar que actuaron con dolo, sobre todo al no entregar la pistola Taurus. 

“Hay evidencia que la munición hallada en el lugar de los hechos no toda era de la Policía. Dos vainillas eran de esa pistola y 17 restantes eran de la Policía. ¿Por qué las armas de la Policía tenían munición que no son del inventario de la Institución?”, dijo el fiscal Arévalo.

El fiscal, además, aseguró que el cadáver fue entregado dos días después de los hechos porque los uniformados habrían ocultado la información, en el hospital, del registro.

“Hay disparos que se hicieron a fachada de vivienda, fue ampliada en una cuadra y media. ¿Dónde está el que se enfrentó en la Fiscalía? La Policía tiene que custodiar eso pero aquí no era el interés porque hubo una conducta de homicidio del primer grupo”, señaló el fiscal.