Una actividad tan cotidiana en Colombia como comprar una empanada en la calle se ha convertido en el centro de un debate en el que se mezclan opiniones que van desde quienes defienden las ventas callejeras hasta los que piden la restitución del espacio público y la actuación de las autoridades.

Todo comenzó la semana pasada cuando la Policía de Bogotá le impuso un comparendo a Stiven Claros por comprar una empanada en un puesto callejero, lo que, según el Código de Policía, es una contravención al "promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público" y tiene una multa de 883.000 pesos.

Al respecto, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró este martes que la Policía hizo una mala interpretación del Código al imponer ese comparendo.

"En mi opinión la interpretación que hizo la Policía (...) fue una interpretación equivocada. Yo creo que ese no es el sentido de la ley, el sentido del Código de Policía era realmente ir contra las mafias del espacio público", dijo Borrero en el Congreso de Colombia, en donde se discute el Plan Nacional de Desarrollo.

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A propósito de la situación, el doctor en Sociología y profesor de la Universidad del Rosario de Bogotá, Carlos Charri, manifestó a EFE que lo que deja ver el caso es el desconocimiento de las normas y la forma trivial con que se ha tratado el tema.

"La situación que se configuró a raíz de este suceso muestra el profundo desconocimiento que tienen los colombianos de la norma", aseguró el sociólogo, quien hace hincapié en que "puede parecer absurdo que le pongan a uno un comparendo por comerse una empanada".

Charri manifestó que "no es el hecho de comerse una empanada lo que está generando una infracción, es el desconocimiento de la norma tanto del que vende la empanada como el que se la compra y eso es lo que hace que se cometa la infracción".

Para el experto la situación pasa porque la gente considera que delitos de mayor impacto como el robo y el asesinato son los que se deben combatir.

Sin embargo, dijo, "las autoridades tienen que, de alguna manera, tratar de combatir por igual todos los delitos como por ejemplo escuchar música a alto volumen o consumir licor en espacio público".

Sobre el episodio, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defendió las ventas informales de este producto, aseguró que "promueven el empleo" y señaló que "la comida callejera es parte de la cultura de los países".

En una entrevista con Caracol Radio, el ministro añadió que esta actividad cotidiana en Bogotá y en otras ciudades del país, la de hacer y vender estos pasabocas, no debe ser gravada con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las ventas callejeras están en las grandes ciudades y hasta en los pueblos más alejados en donde un ejército de personas ofrecen empanadas, perros calientes, arepas, frutas, golosinas, bebidas aromáticas, cigarrillos y helados, entre otros muchos productos que ofrecen en pequeños puestos ubicados en aceras, parques o en cualquier rincón en donde se puedan apostar.

Este tipo de comercio minorista crece por épocas y es por eso que en el inicio de las temporadas escolares, ferias taurinas, festivales de pueblos, Navidad y celebraciones como el Día de la Madre, los vendedores se preparan con diferentes productos para conseguir dinero.

La Policía, que está en el centro de los comentarios, especialmente en las redes sociales, le salió al paso a la polémica y aseguró que el comparendo es legal porque fue impuesto al joven que infringió las normas.

La institución explicó que los policías que impusieron el comparendo estaban realizando una diligencia para recuperar el espacio público, en cumplimiento a un fallo de tutela (recurso de amparo) a través del cual habitantes de un barrio pedían la restitución de las aceras invadidas por vendedores informales.

Sobre el tema, el común de la gente coincide en redes sociales en que la multa es desproporcionada y que no se tiene en cuenta que comerse una empanada puede ser la diferencia entre llevarse algo a la boca en un día o pasarlo sin ingerir nada porque comprar un almuerzo en un restaurante no está al alcance del bolsillo.

Defienden que los vendedores callejeros tienen como único medio de vida ese trabajo en un país que cerró el 2018 con una tasa de desempleo del 9,7%.

De acuerdo con datos de la Policía, 8.054 órdenes de comparendo se han impuesto en Bogotá este 2019 por "ocupar el espacio público en contra de las normas vigentes", mientras que por "promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público" se han sancionado 156 personas.