Por presunta falsedad en el documento que habría autorizado pago por más de $9.400 millones pesos a la Sociedad Profesionales de Bolsa S.A., la Procuraduría formuló pliego de cargos al representante legal de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol, Eder Paolo Ferracuti, y a los miembros de la junta directiva, Eleuberto Martoreli y Alberto Mariño Samper. 

En este caso, el órgano de control le reprochó al representante legal de la concesionaria la presunta suscripción del documento a través del cual comunicó a la Compañía de Profesionales de Bolsa S.A., que aceptaba la oferta mercantil de marzo 27 de 2014, cuyo objeto era la prestación de servicios asesoría financiera y banca de inversión. 

Además, tenía el objetivo de perfeccionar un contrato presuntamente falso, en virtud del cual habría autorizado pagos por un valor de superior a los 8 mil de pesos, y con IVA incluido serían más de nueve mil millones, cifra que, al parecer, superaba el límite estatutario de contratación sin autorización de la junta directiva. 

Según las investigaciones del ente de control, los pagos fueron aprobados a partir de tres facturas que se celebraron en 2014 y 2015, con cargo a recursos públicos consignados en patrimonio autónomo constituido para la ejecución del Contrato Estatal de Concesión No. 001 del 14 de enero de 2010, celebrado entre el Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S. 

Para la Procuraduría, con esta conducta Ferracuti habría utilizado indebidamente recursos de naturaleza pública, permitiendo su apropiación a favor de un tercero. 

En el caso de Martoreli y Mariño Samper, presuntamente, en los meses de marzo y abril del año 2015, se pusieron de acuerdo para falsificar el acta de la junta directiva de la Sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., de fecha 21 de febrero de 2014, con el fin de incluir la autorización a Ferracuti para que contratara con la firma Profesionales de Bolsa, aspecto que no fue aprobado en la reunión. 

Según el órgano de control los investigados presuntamente incumplieron el deber de obrar de buena fe, el de velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias, y el de observancia de lo pactado en el contrato, que establecía el compromiso de buen uso de los recursos provenientes de aportes del Inco y recaudo de peajes. 

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta de los investigados como gravísima a título de dolo.