El Gobierno Nacional lanzó el plan de acción para prevenir el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas, que contempla la creación de una instancia interinstitucional donde participará la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y el ejecutivo, en cabeza de la Policía Nacional y de la Unidad Nacional de Protección.

El plan contempla tres ejes: articulación y reingeniería institucional, a través del cual se pretende dar respuesta a la existencia de múltiples espacios y normas ya existentes; actuación estratégica en el territorio, para focalizar la problemática en ciertos municipios del país con entornos criminales particulares y afectados por la ausencia de respuesta institucional; y una estrategia de comunicaciones y capacitación, para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado.

“Es inadmisible en Colombia que se sigan presentando situaciones de violencia, de ultraje, de grave peligro a su vida para líderes sociales, defensores de derechos Humanos y periodistas. Este plan de acción es para que enfrentemos este fenómeno desde la prevención, desde la acción inmediata con alertas tempranas, para que podamos investigar efectivamente y que tengamos sanciones ejemplarizantes”, dijo el presidente Iván Duque.

Esta ruta de acción contempla la formulación de la política pública de prevención y protección integral con enfoque diferencial étnico y territorial. La política será diseñada con las entidades territoriales, las organizaciones sociales de derechos humanos y organismos internacionales.

De acuerdo con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, para desarrollar este plan es necesario unificar las discrepancias que se han generado en el pasado en relación a las cifras de asesinatos y de acciones para prevenir estos hechos.

Gutiérrez agregó que a partir de la fecha, el Gobierno se desplazará directamente a los territorios más afectados por este fenómeno para crear comités y hacer análisis de riesgo junto con las autoridades locales. 

“Es muy importante la vinculación de los alcaldes y gobernadores, además de la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la comunidad internacional”, dijo la ministra del Interior.