Los alcaldes de California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta acordaron que la Procuraduría General de la Nación verificará en qué se basó la Corte Constitucional para prohibir toda actividad minera en los páramos del país.

“Durante la mesa de trabajo que tuvimos con el ente de control mostramos, con los planos, que fue una decisión a la ligera, sin consultar con la comunidad para definir la línea del páramo”, afirmó Hugo Lizcano, alcalde de California.

Si bien la sentencia de la Corte busca que el agua de los páramos esté libre de contaminación ocasionada por las actividades minera y petrolera, los habitantes de la provincia de Soto Norte alegan afectaciones a su economía que se basa, principalmente, en la minería.

“En la mesa se explicó por qué hay inconsistencias”, agregó. “Esperamos tener alguna respuesta que nos permita continuar con la actividad minera legal, pues con estos cierres sabemos que vendrá la minería ilegal”.

Por su parte, Orlando Rodríguez Ramírez, alcalde de Vetas, sostuvo que la delimitación “está mal hecha”.

“Desconocemos si por errores técnicos, cartográficos o mala intención, pero no hicieron una delimitación real del territorio”, dijo. “Nos dejaron una franja verde abajo y arriba del páramo, y una amarilla en la mitad, donde se pueden hacer unas actividades”.

Según indicó, esto no es correcto, “pues las dos partes delimitadas tienen las mismas características y no hay riesgo ambiental”.

Ante la falta de soluciones, Rodríguez anunció una demanda contra el Estado.

*Bucaramanga | Colprensa