La ONG, Corporación Anticorrupción Internacional solicitó ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación que se suspenda el proceso licitatorio que se celebrará en los próximos días para terminar las obras del Túnel de La Línea, ya que, en su opinión, se han evidenciado una serie de irregularidades en la contratación desde hace varios años. 

“Luego de un trabajo investigativo de varios meses en donde se revisó con lupa contratos, prórrogas, adiciones, modificaciones de documentos firmados por los directores de Invías y Ministros de Transporte, en donde según el documento presentado a los organismos de control, se puede concluir que desde hace ya varios años se registran irregularidades que no solo se suscriben en el campo disciplinario sino en el penal debido a las irregularidades de corrupción en la contratación estatal del Túnel de la Línea sin que exista un responsable por estos hechos”, indicó la organización. 

En ese sentido, la ONG aseguró que la Fiscalía General ha demostrado como Carlos Solarte y su hija Paola Solarte con las empresas Cass Constructores & CIA y, al parecer, Odebrecht, "recurrieron a varias artimañas para quedarse así con el proyecto Bogotá, Tunjuelo – Canoas. Sin embargo, el Gobierno Nacional no ha tenido en cuenta estos graves hechos y sorpresivamente ha seguido concediendo contratos y millonarias adiciones presupuestales a la empresa de la familia Solarte para adjudicación contractual en el Túnel de la Línea”. 

Asimismo, otras de las irregularidades tendrían que ver con la contratación del sistema de ventilación del túnel ya que que este proceso solo tuvo un proponente y nunca se inició la construcción de un cielo raso, puesto que las condiciones técnicas no eran las ideales y se necesitaba la construcción de una torre de concreto en cada una de las bocas del túnel principal. 

"Con esta obra nunca se hizo siquiera el intento de iniciarla y costó 363.000 millones de pesos, dineros de los que hoy nadie se hace responsable y que por supuesto están perdidos", señaló la ONG. 

Otra irregularidad, según la organización, estaría relacionada con la construcción del intercambiador Versalles donde el Invias aceptó los estudios y diseños definitivos para la construcción de esta obra. Sin embargo, a última hora la entidad habría hecho cambiar los diseños originales sin explicación alguna lo que habría generado un incremento de su costo por el orden de los 73.000 millones de pesos. 

"Por otro lado, se ha identificado que una modalidad para ´contratar a dedo´ es la de declarar la urgencia manifiesta que le ha costado al país más de 8.000 millones de pesos. En la denuncia, la ONG explica a partir de la jurisprudencia colombiana, en qué casos se puede valer de la condición de urgencia manifiesta que salvaguarda el interés general de una posible comunidad afectada". 

En ese sentido, la ONG explicó que para el caso del Túnel de la Línea esa condición de urgencia manifiesta no operaría ya que el proyecto no está prestando un servicio porque aún se sigue construyendo. 

"En 2017, el Invías, en una nueva licitación con un único proponente, por 224.408 millones de pesos entregados a Conconcreto y Solarte y con un plazo de un año para la construcción de la segunda calzada y la supuesta terminación del túnel. Sin embargo, al vencimiento del contrato, Conconcreto y Solarte llevaban sólo un 22 % de inversión", indicó la organización, quien además aseguró que el Invías "premio" a estas compañías con una adición presupuestal de 118.824 millones de pesos y 11 meses en tiempo de ejecución, a pesar de los retrasos que tenían en la obra. 

De acuerdo con la organización, uno de los hechos que llaman la atención es que se había presupuestado finalizar la obra por 105.000 millones de pesos. Sin embargo, con nuevos estudios que habrían sido presentados por las firmas Solarte y Concreto "convencieron al gobierno que ahora se necesitarían 833.739 millones de pesos". 

Finalmente, la organización resaltó que en los próximos días se llevará la nueva adjudicación en tres contratos que suman más de 620.000 millones de pesos, valor que, según ellos, estaría inflado en 10 veces, por lo que le solicitaron a la Procuraduría General que suspenda el proceso hasta que no se responda por las irregularidades y por los recursos que se hayan perdido durante las obras de construcción del túnel de La Línea.