El Consejo de Estado rechazó una tutela que buscaba tumbar un fallo del Tribunal Administrativo del Chocó que condenó a la Nación por la masacre de Bojayá, ocurrida el 12 de mayo de 2002 dejando 79 muertos. 

Los hechos sucedieron cuando, durante un enfrentamiento entre Farc y paramilitares en la zona, la guerrilla lanzó explosivos, entre estos, un cilindro bomba que cayó en el techo de la iglesia del pueblo. 

El fallo del Tribunal del Chocó dice que la Nación, representada por el Ministerio de Defensa, es responsable por estos hechos, por omisión, teniendo en cuenta su deber de velar por la seguridad de la ciudadanía que estaba en medio del enfrentamiento de dos grupos ilegales. 

Igualmente, se indica que la responsabilidad viene desde el mismo presidente de la República de la época, Andrés Pastrana, su cúpula militar y otros funcionarios por lo que compulsó copias en su contra. 

En específico se compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que investigue al presidente Pastrana, así como a la Fiscalía, la Procuraduría y a la Contraloría para que determinen las omisiones en las que habrían incurrido el entonces ministra de Defensa, Gustavo Bell; el exministro del Interior Armando Villa; el comandante de las Fuerzas Militares, Fernando Tapias y el comandante del Ejército, Jorge Enrique Mora Rangel. 

Igualmente, compulsa copias contra el entonces comandante de la Armada, Hernando Willis, y el exdirector de la Policía, Luis Ernesto Gilibert, “en cuanto desoyeron por completo sus funciones y por ello dieron pábulo a que la crisis humanitaria analizada se convirtiera en dolorosa realidad”. 

Además, el fallo señala que se deberá realizar un acto de excusas públicas en el seno de Bojayá, que deberá ser citado y costeado del bolsillo de la Cúpula Militar. 

El fallo del Tribunal remitió el expediente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía para determinar si hay lugar a reabrir y continuar la investigación contra las Farc y las Auc, por las violaciones a los derechos humanos.

Igualmente, se remitió el expediente para que se que investigue la comisión del delito de toma de rehenes por parte de las Auc y de las Farc, así como de la privación de las vidas que inmolaron, así como que se investigue a los jefes de esos grupos ilegales como autores intelectuales de los hechos y se ordenó al Ministerio de Defensa que sea esa Cartera la que le pida a la Fiscalía que reabra la investigación. 

El fallo exhorta igualmente al Gobierno  para que acuda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que esta se pronuncie acerca de las sistemáticas violaciones de los derechos fundamentales.

*Bogotá | Colprensa