La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidieron a la Superintendencia de Sociedades inhabilitar por 20 años al grupo empresarial Odebrecht para contratar con la Nación como consecuencia del caso de corrupción que lo involucra.

La solicitud se fundamenta en los "enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales" que causó la compañía brasileña al país, "más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública", indicaron los reclamantes en un comunicado.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde entregó más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó la constructora en Colombia fueron mayores y alcanzaron los 84.000 millones de pesos (unos 26,8 millones de dólares).

El pasado 7 de noviembre el Estado colombiano rechazó una oferta por 106.000 millones de pesos (unos 33,8 millones de dólares) de la brasileña como indemnización por los perjuicios causados por corrupción y para frenar los procesos fiscales y disciplinarios abiertos en su contra.

No obstante, este lunes tanto Ramírez como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado consideraron que el caso de corrupción citado es uno de los "peores atentados" cometidos en contra de la Nación.

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Por lo anterior, rechazaron "tajantemente" la indemnización propuesta, a la que consideraron "legal y moralmente inaceptable".

De hecho, a su juicio, "no puede ni debe el Estado colombiano subsanar las graves faltas penales y éticas de un contratista con la simple compensación monetaria" porque "resultaría ser un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de actos".

Además, puntualizaron, permitir que Odebrecht "vuelva a participar en licitaciones o concursos públicos en Colombia, resultaría ser un acto contra las empresas honestas y cumplidoras de la ley y un pésimo mensaje para los colombianos honrados".

La declaración de Ramírez y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se suma a lo afirmado por el presidente colombiano, Iván Duque, quien dijo en una entrevista con RCN Radio que en que en su Gobierno la corrupción no tendrá tolerancia y reiteró que no es partidario de que las empresas que tengan comportamientos por fuera de la ley contraten con el Estado.

El escándalo de Odebrecht en Colombia se avivó la semana pasada luego de que el telenoticiero Noticias Uno emitiera una entrevista grabada en agosto último con Pizano en la que éste aseguró que el hoy fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, conocía desde 2015, supuestas irregularidades en la licitación para la construcción de la carretera.

En ese entonces, Martínez era abogado del Grupo Aval, al cual pertenecen la Corporación Financiera Colombiana (Corficolombiana) y Episol, socias de Odebrecht en la Ruta del Sol II.

Tres días después de la muerte del ingeniero, su hijo Alejandro Pizano Ponce de León, que había regresado de España a Colombia para asistir al sepelio de su padre, murió envenenado tras beber en su propia casa de una botella de agua que contenía cianuro.

Martínez ha negado que supiera de la corrupción en Odebrecht antes de llegar a la Fiscalía, el 1 de agosto de 2016, y asegura que en las informaciones que recibió de Pizano un año antes no estaba claro que se tratara del pago de sobornos.