Iván Cepeda, Gustavo Petro, Roy Barreras y Antonio Sanguino solicitaron a la Corte Penal Internacional (CPI) incluir en el examen preliminar que adelanta este órgano sobre Colombia, un documento en el que señalan las supuestas acciones que cometió el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez en contra del acuerdo de paz con las Farc.

Los parlamentarios enviaron a la fiscal, Fatou Bom Bensouda,  un documento de 15 páginas con el que también le piden evaluar la posibilidad de abrir investigación por las conductas  del exfiscal.

Dicen que durante el ejercicio de su cargo hizo reiterados pronunciamientos contra la Ley Estatutaria de la JEP, desconociendo el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc.

“Néstor Humberto Martínez al atacar el proceso de paz y a la JEP, no solo asumió el papel de enemigo de la paz, sino también de enemigo de las víctimas y sus derechos” señaló el senador Iván Cepeda.

Los parlamentarios aseguran que Martínez estuvo involucrado en las interceptaciones ilegales contra los negociadores y facilitadores del acuerdo de paz en La Habana.  También lo relacionan con la elaboración de falsas pruebas en el proceso que debía conducir a la extradición de Seuxis Paucias Hernández Solarte, Jesús Santrich, acusado de narcotráfico. 

Martínez Neira había declarado que contaba con copiosa prueba que da cuenta de estos delitos de narcotráfico, de pruebas electrónicas, de pruebas documentales, de vídeos, para imputar a los dirigentes de las Farc.

Sin embargo, dicen los firmantes del mensaje a la CPI que en realidad se habría tratado de una operación de entrampamiento en contra de Santrich.

Entre los argumentos se señala que en esa operación se habría permitido que participaran agentes provocadores, figura proscrita por el ordenamiento jurídico colombiano y que el exfiscal  le habría entregado información a una agencia de inteligencia extranjera sin consultar al entonces presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos.

“Resulta entonces desconcertante que la Fiscalía General de la Nación defendiera esa actuación en nuestro territorio y avalara tales intromisiones, siendo claro que en Colombia no pueden actuar, por falta de competencia, autoridades extranjeras o particulares bajo la dirección de aquellas, sin previa autorización de los funcionarios nacionales”, dice el documento.

En el texto remitido también se hace mención del allanamiento realizado por la Fiscalía General de la Nación a la sede de la JEP el 4 de octubre de 2018 para revisar documentos relacionados con el caso 001 sobre la retención ilegal de personas por parte de la extinta guerrilla de las Farc. Dice que esa diligencia no fue comunicada a JEP y que se obtuvo una copia digital del expediente, con lo que se habría violentado la reserva judicial de las investigaciones.

Los senadores enviaron copia del debate de control realizado el pasado 26 de noviembre en el que se aseguró que el exfiscal Marínez Neira actuó premeditadamente en contra de la paz de Colombia.