Uno de los principales retos de la justicia ordinaria el próximo año es el que ronda la figura del recientemente nombrado fiscal ad hoc Leonardo Espinosa Quintero, quien fue elegido por la Corte Suprema para asumir tres de los procesos que se surten en el expediente por el escándalo de Odebrecht.

Tal acción es una hazaña tanto para la Fiscalía General de la Nación como para Espinosa Quintero. En efecto, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda hasta el momento no se ha enfrentado a los estrados judiciales, donde se destaparán las cartas de corrupción que sostuvo la constructora brasileña en Colombia, y el ente acusador no conoce a fondo la figura que él ocupará.

Lo cierto es que el fiscal ad hoc conocerá los acuerdos que los directivos de la firma carioca buscan pactar con la Justicia colombiana, además del archivo de la investigación que pesaba sobre las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez.

La gestión de Espinosa Quintero estará bajo la lupa de muchos sectores del país, debido a que debe actuar de manera imparcial e independiente frente a los designios de la Fiscalía y especialmente de su titular, Néstor Humberto Martínez, quien ha sido cuestionado por sus nexos con el Grupo Aval, accionista minoritario en el consorcio de la Ruta del Sol II.

Siguiendo con la misma línea de Odebrecht, el próximo año continuará el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestuctura (ANI), quien se encuentra fuera del país, luego de que el ente investigador estimara que no existen motivos para que estuviera detenido.

Andrade estuvo bajo detención domiciliaria durante un año y, pese a que en las audiencias preliminares la Fiscalía ha dejado claro que no recibió dineros de la constructura brasilera, sí aseguró que hizo lobby ante ella, pues ha sido acusado reunirse supuestamente con exdirectivos de Odebrecht y con el exsenador Otto Nicolás Bula, con el fin de adjudicar el otrosí de la Ruta Ocaña-Gamarra-Aguas Claras.

Pese a no haberlos aceptado, el expresidente de la ANI fue formalmente acusado el primero de febrero de este año por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, ocultamiento de material probatorio, falso testimonio, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos.

Andrade y su defensa han denunciado que el proceso judicial en su contra se ha convertido en una persecución, amén de que se varias ocasiones han detectado la presencia de drones en los alrededores su casa, por lo que consideraron necesario pedirles a las autoridades estadounidenses que salvaguardaran su vida y la de su familia, dada su condición de ciudadano de ese país.

Prieto, Mattos y los Mora Urrea

Otro caso de connotación nacional es el aval del preacuerdo que busca Roberto Prieto Uribe, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, actualmente recluido en la cárcel Modelo, de Bogotá, señalado de recibir dinero para gestionar ante la ANI la adjudicación de un contrato para la concesionaria Yuma, vinculado al tramo III de la Ruta del Sol.

El 5 de junio de 2018 la Fiscalía General archivó la investigación que pesaba en su contra por supuestamente recibir dineros de Odebrecht para la campaña de Santos.

En ese entonces el abogado Marlon Díaz, quien defiende los intereses de Prieto Uribe, anunció que la investigación penal cesó debido a que los hechos cometidos no estaban tipificados como delitos para la época.

Un caso más es el de Raúl Gutiérrez Sánchez, ciudadano cubano capturado en el primer semestre del año porque, al parecer, pretendía cometer actos terroristas contra miembros de la Embajada Americana en Bogotá.

En sus diligencias, la Fiscalía dejó al descubierto una serie de conversaciones que vinculaban al extranejero con miembros de organizaciones criminales de carácter internacional. Sin embargo, Gutiérrez desmintió ante los medios de comunicación que la razón de su estadía en Colombia se debiera a hechos delictivos. En 2019, un juez especializado determinará si tiene responsabilidad o no en los hechos.

Por otro lado, en los estrados judiciales también se moverá el caso de Edna, Uriel, Alirio y Norberto Mora Urrea, los hermanos que, a juicio de la Fiscalía, serían testaferros de la antigua guerrilla de las Farc y quienes en julio pasado pidieron pista en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sin que hasta ahora se conozca la respuesta a dicha solicitud.

Para el ente acusador, los cuatro estarían inmersos en una organización presuntamente dedicada al testaferrato y financiación de grupos terroristas y “buscaban dar apariencia de legalidad a algunos dineros provenientes de las actividades ilícitas del extinto Frente 53 de las Farc”, que para entonces estaría al mando de Henry Castellanos Garzón, más conocido como Romaña.

Según el informe de la Fiscalía, el dinero recibido de la guerrilla por los hermanos Urrea, tuvieron un incremento patrimonial considerable, fue invertido en los Supermercados Cundinamarca, dedicados a comercializar abarrotes en diferentes partes del país.

Otro proceso que está en el tintero de la justicia ordinaria es el del empresario Carlos Mattos, judicializado en contumacia debido a que las veces que ha sido requerido por las autoridades no ha asistido, supuestamente, por estar en mal estado de salud.

Mattos, de quien se dice que está en España, es solicitado por la Fiscalía para que responda por presuntas irregularidades en el reparto de una demanda que presentó la empresa Hyundai Colombia contra la coreana Hyundai Motor Company, que durante septiembre de 2015 le quitó al empresario la representación comercial de la marca en el territorio nacional.

En el marco de este sonado caso han sido detenidos abogados, jueces y funcionarios judiciales como Álex Vernot, hoy cobijado con medida de aseguramiento tras ser señalado de ofrecerle dinero al también jurista Luis Durán para que cambiara su versión en contra de Mattos.

Los encuentros con Durán se dieron en la cárcel La Modelo, donde permanece detenido, según documentó la Fiscalía, que cuenta además con una declaración juramentada en la que el acusado asegura que Vernot le ofreció dos millones de dólares para modificar su testimonio.

Cartel de la toga

Un proceso más en el que deberá avanzar la justicia ordinaria es el que se sigue contra el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, señalado por la Fiscalía de pertenecer a una organización delictiva que funcionaba dentro de la corporación.

Según el ente acusador, entre 2013 y 2016, junto con el también magistrado Leonidas Bustos, “promovieron y dirigieron una organización criminal” a la que integraron a Luis Gustavo Moreno, Leonardo Pinilla y el magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo Fernández, para direccionar procesos penales a cambio de dinero.

De acuerdo con las pesquisas, quedó claro que, presuntamente, Ricaurte y Bustos conseguían los clientes, dirigentes políticos investigados, para “manejar los casos” con diferentes estrategias: consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos y hasta alterar evidencias.

Para la Fiscalía, de esa alianza criminal se derivaron varios actos de corrupción que relacionan al senador Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur.

Dentro del proceso que se surte en contra de Ricaurte, este fue acusado el 16 de marzo de 2018 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada.

‘Chuzadas’

Un caso que consternó a la opinión pública y que estará bajo la lupa de la justicia ordinaria durante el 2019 es el de las interceptaciones ilegales que se hicieron, a juicio de la Fiscalía General de la Nación, desde Cali e Ipiales, constatándose que la organización era promovida por altos exoficiales del Ejército, una exfuncionaria del Ministerio de las Comunicaciones.

El proceso salpicó igualmente al general (r) Humberto Guatibonza, quien fungió como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según el ente acusador, el general en retiro habría servido de intermediario en la organización y llevaba “clientes” para que fuesen ‘chuzados’.

Guatibonza enfrentará su juicio bajo detención domiciliaria, la cual le fue otorgado por un juez.

Por último, está el atentado al Centro Comercial Andino, sucedido en junio de 2017 y por el cual son procesadas diez personas, ya que tres mujeres perdieron la vida y siete más quedaron heridas, luego de que se detonara un artefacto explosivo en uno de los baños del establecimiento público.

Lo que le dio un giro inesperado a la historia es que la Fiscalía halló que los procesados, que se encuentran en etapa de juicio y cobijados con medida de aseguramiento, recibían adoctrinamiento militar de parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y a cambio suministraban conocimientos a ese grupo al margen de la ley.