No han sido fáciles los primeros meses del gobierno del presidente Iván Duque, mantener sus planteamientos sobre el Acuerdo de Paz y las relaciones con el Congreso (sin mermelada) han generado un costo que se refleja en el nivel de polarización que enfrenta el país. Su coequipera, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, habló con EL COLOMBIANO sobre la situación, los argumentos del Gobierno y prendió el reflector sobre lo que considera errores y mentiras del exmandatario Juan Manuel Santos. Sin tapujos, la primera mujer que ha llegado a la Vicepresidencia y también al Ministerio de Defensa habla del interés en que Colombia crezca al máximo de su potencial, critica el Acuerdo con las Farc pero destaca los avances y asegura que se va a cumplir. Esto nos contó.

Como vicepresidenta tiene responsabilidad en temas de infraestructura. Se aseguraba que el país había dado un gran salto, pero hoy vemos obras sin cierre financiero y otras que se caen solas...

“Los últimos 8 años nos aseguraron que la infraestructura de las 4G era una realidad y no era cierto. Nos encontramos que en los cerca de 30 proyectos había 32 tribunales de arbitramento y otros sin hacer cierre financiero. De esas obras, ya tenemos 21 que están produciendo y muchas ya tienen cierre. Había proyectos definidos, pero no estaban andando”.

¿No eran ciertos los avances en infraestructura?

“Nos tocó poner a andar lo que no estaba andando. Por esa razón el sector de infraestructura ha tenido mayor crecimiento, en el último trimestre 9%. Pero no es suficiente, hay que desarrollar obras de gran envergadura, por ejemplo, el Canal del Dique que nos va a permitir que 11 municipios ribereños puedan desarrollar una nueva actividad económica, recuperar la pesca y, lo más importante, evitar el riesgo ambiental que supone la sedimentación. La infraestructura va a ser un gran jalonador de la economía”.

Lo de la vía al llano es un desastre, primero se cae un puente y ahora está completamente bloqueada...

“Tenemos desafíos enormes en ingeniería por la geografía del país. En la zona donde la montaña se derrumba permanentemente (kilómetro 58), ha habido gente irresponsable al desarrollar actividades que han erosionado la montaña, tienen hasta criaderos de pollos que han generado deterioro. Pero en este caso el riesgo no es solo por el cierre de la vía, es una obra demasiado importante pero lo que estamos haciendo, en primer lugar, es salvar vidas”.

La consulta anticorrupción fue un mandato popular que hoy, por lo sucedido en el Congreso, no tiene avances

“Los proyectos presentados no son suficientemente ambiciosos. Estamos trabajando desde la vicepresidencia en uno más profundo que esperamos radicar el 20 de julio. Pero esa lucha no se puede medir en las leyes que apruebe el Congreso, sino en la determinación de hacer transparentes las decisiones en materia de contratación. Evitar decisiones oscuras que se toman por debajo de la mesa”.

¿Pero todas las semanas salen escándalos de corrupción?

“No hay escándalos de corrupción relacionados con nuestro gobierno, ninguno. Este gobierno se la ha jugado por cambiar la manera de sacar adelante los proyectos en el Congreso. Nadie puede decir que han sido posibles gracias a la mermelada, que fue lo que vimos de manera muy desastrosa en los últimos años”.

Esa decisión les ha pasado factura, no han podido acercar partidos al Gobierno...

“Debemos ser sinceros. Desde el primer día se han visto las consecuencias de un país polarizado con el cuento de que hay amigos y enemigos de la paz. Queremos una paz bien hecha, no a costa de entregarle el país al narcotráfico. Es claro el interés de un sector por exacerbar a la sociedad contra el Gobierno, están interesados en darle una estocada a nuestro sistema democrático. Por eso luchamos para mejorar las relaciones con los partidos y la clase política, pero sin mermelada”.

La oposición es beligerante. ¿Cree usted que el interés es poner palos en la rueda?

“Es una oposición mezquina que no ha tenido ninguna generosidad ni interés en trabajar de manera constructiva. Hemos venido a construir un futuro entre todos, no estamos enganchados en el pasado ni tenemos una actitud dañina. Pero claro que hay gente interesada en poner palos en la rueda”.

¿Por qué entonces cuando trataron de lograr un acuerdo para mejorar las relaciones no los llamaron?

“El Presidente invitó a los partidos que son más cercanos al gobierno, eso no está cerrado, creo que se mantiene la oportunidad de lograrlo”.

Esta posición férrea ha generado inconvenientes con la Corte, con la JEP, con el Congreso. Una pugnacidad que es necesario resolver...

“Es lo que más queremos, este es un gobierno que trabaja todos los días aunque le pongan palos en la rueda. Trabajamos sin pausa en innovación, desarrollo, economía naranja, educación, infraestructura. Hay algunos obsesionados con Santrich y el acuerdo, pero seguiremos trabajando para que Colombia pueda sacar el máximo de su potencial, crecer al 3.5 % este año y llegar al 4.5 %. La gente dice que tantos temas, que este gobierno no tiene foco, pues lo que queremos es aprovechar todo el potencial del país”.

Critica usted puntos del Acuerdo, pero formó parte de la comisión que, después de que gano el No en el plebiscito, lo modificó...

“El presidente (Santos) jamás se sentó. Lo que hizo, como siempre, fue delegar su responsabilidad. Dicen que atendieron muchas reformas, pero el tema no era cuantitativo, era cualitativo. Siempre insistimos en el riesgo de que el narcotráfico siguiera creciendo, jamás se les puso a las Farc obligaciones de entregar las rutas, aliados, conexión con carteles mexicanos, los cultivos. Ahí quedó el boquete”.

¿Pese a los cambios fue un mal acuerdo?

“Claro, es un acuerdo que permitió la impunidad frente a delitos tan execrables como el reclutamiento de niños y la violación de mujeres. Sin embargo, hemos dicho: hay que implementarlo, por eso a la gente que se ha desmovilizado y se ha comprometido con hacerse del lado de la legalidad le estamos cumpliendo”.

¿Qué es lo que está cumpliendo este Gobierno?

“Por ejemplo, el Gobierno anterior no dejó para pagarle el segundo semestre del 2018 a las familias que firmaron contratos para la erradicación ni mucho menos para la implementación, en 18 meses solo había desembolsado recursos para proyectos en beneficio de 87 excombatientes. Nosotros, en 8 meses, hemos aprobado 24 proyectos colectivos que vinculan a 1.567 personas. La administración Santos dispuso que los ETCR durarían hasta agosto del 2019 garantizando alimentos y salud, los hemos extendido para aquellos que estén cumpliendo. Se incluyó en el PND la posibilidad de expropiar activos del narcotráfico para seguirles cumpliendo. No nos entregaron ni una hectárea en proyectos para dar vivienda y a la fecha hay 500 terrenos en ese proceso. Debemos reconocer que haya personas que dejaron las armas y hoy sueñan con el camino de la legalidad”.

¿Plantea incumplir una parte del acuerdo?

“Hay cosas que no podemos aceptar y queremos cambiar. Este acuerdo va ser precedente para que, por ejemplo, algún día se haga con el Eln, por eso no queremos que se siga haciendo a cualquier costo, entregando la sociedad al narcotráfico, pero eso lo proponemos a futuro. A quienes firmaron les cumpliremos y exigiremos que cumplan. Por eso una persona como Santrich, que tiene vínculos con el narcotráfico con posterioridad a la firma, no puede pretender burlarse de la sociedad”.

¿Qué opinión le genera que Santrich esté sentado como congresista y no haya sido extraditado?

“Es una bofetada contra la sociedad, contra las familias que están viendo sus hijos tomados por la droga. Ojalá la Corte, basada en las nuevas pruebas, en las declaraciones de Marlon, el sobrino de Iván Márquez, tome decisiones. Hasta dónde quieren tener tolerancia con un narcotráfico que es completamente evidente después de la firma del acuerdo. Es que es inaceptable que por cuenta de la negociación hayamos pasado de tener 50 mil hectáreas sembradas en coca a 210 mil. La paz a costa de tener esta sociedad inundada en narcotráfico no es una paz legítima”.

Las diferencias con otras ramas, en especial con la justicia no se ven bien. ¿No es hora de bajarle al tono?

“Tenemos la absoluta convicción de una democracia fuerte con un Ejecutivo con legitimidad, que trabaje en los temas que le corresponde. Un relacionamiento con el Congreso que no implique subordinación vía mermelada, que el debate sea sobre ideas y propuestas. Y una relación con las Cortes a partir del imperio de la ley. Pero también creemos que los tres poderes deben interpretar a la sociedad y atender lo que dice la Constitución. Nuestro gobierno jamás tendrá una actitud displicente frente a las otras ramas, pero el Ejecutivo tiene que cumplir con la obligación de señalar aquellas cosas que hay que corregir cuando hay decisiones que no compartimos”.

El Presidente se declara respetuoso de las decisiones de la justicia. Las acata, pero las cuestiona...

“En una democracia hay que hablarles a los ciudadanos con la verdad. Nos preocupan las familias que se ven perplejas con decisiones difíciles de explicar y de entender como el consumo de drogas en espacios públicos. Claro, es la Corte, pero hay que hacer cumplir normas que dicen que no se debe consumir ni alcohol ni droga en espacios públicos”.